Dentro de la cárcel de León: «hacinamiento» en módulos de presos, más peleas y sin farmacéutico

Situación «crítica» en el centro penitenciario de León. Es la denuncia que este viernes ha hecho Comisiones Obreras tras realizar una visita a la cárcel conocida popularmente como Villahierro y donde la delegación de la ejecutiva estatal del sindicato del sector prisiones ha comprobado de primera mano la «grave situación laboral y organizativa que sufre el personal penitenciario del centro de León».

Asegura CCOO que la prisión leonesa se encuentra en un escenario «límite» por el «absoluto abandono institucional» del Ministerio del Interior y la «inacción» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Durante el último año, la población reclusa del centro ha pasado de 860 a 1.100 internos, un incremento del 30%, «totalmente inasumible sin un refuerzo inmediato de personal». Este aumento, sigue el sindicato, provoca «hacinamiento generalizado, con módulos que llegan a superar las 110 personas internas en espacios diseñados para 72».

Esta situación no solo deteriora las condiciones de vida en los módulos, sino que «genera un entorno de tensión continuo: peleas, incidentes y agresiones diarias, afrontadas en muchos casos por un único funcionario a cargo de departamentos completos, lo que supone un riesgo laboral inaceptable».

Frente a esta realidad, Comisiones considera «imprescindible» que el Gobierno avance en una reivindicación histórica del sector: el reconocimiento del personal penitenciario como agente de la autoridad» Este reconocimiento« reforzaría la protección jurídica ante agresiones y sería un elemento clave para la prevención».

A la falta de personal penitenciario se suma el «colapso sanitario derivado de la ausencia crónica de profesionales médicos en los centros penitenciarios». Esta carencia genera «retrasos graves en la atención, incrementa situaciones de riesgo y deteriora aún más la actividad laboral y asistencial», explican desde Comisiones.

Actualmente, el centro de Mansilla carece de la figura de un farmacéutico, lo que supone una «sobrecarga de trabajo para el personal sanitario que debe asumir funciones que no le corresponden». Además, esta situación «implica un incumplimiento de la normativa vigente. La Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, establece que en los centros sanitarios —incluyendo hospitales, centros penitenciarios y grandes residencias— debe existir un Servicio de Farmacia o, al menos, una unidad bajo la dirección de un profesional farmacéutico».

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