Uscal denuncia ante el Procurador del Común la «ilegalidad omisiva» de la falta de desarrollo de la carrera profesional

La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) denunció ante el Procurador del Común la «ilegalidad omisiva» de la falta de desarrollo de la carrera profesional e inició la vía administrativa previa a la judicial para obligar a la Junta a cumplir sus propias leyes, según informó este domingo en un comunicado.

Asimismo, la organización celebró el acuerdo «áulico» para mejorar las condiciones de la enfermería, pero exigió es misma equiparación a la media del resto de comunidades para otros cuerpos de la Administración autonómica.

«¿Cómo es posible que haya dinero para ese colectivo sanitario que lleva disfrutando, al igual que el resto de categorías sanitarias y no sanitarias del Sacyl, de la Carrera Profesional desde enero del 2007, mientras que el resto de personal docente y de servicios generales de la Junta de Castilla y León sigue esperando que se ponga en marcha, primero, la Carrera Profesional regulada en el Estatuto del Empleado Público de 2007 y en la Ley 7/2019, de 19 de marzo, y segundo, que se mejoren sus retribuciones equiparándolas con el resto de Administraciones?«, se preguntó.

Asimismo, Uscal manifestó que la «incapacidad» del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para cumplir sus propias leyes les ha obligado a presentar una denuncia ante el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León en la que le informamos que los empleados públicos, personal estatutario, tiene reconocida la carrera profesional, con efectos económicos del reconocimiento del grado a partir del día 1 de enero de 2007.

Además, recordó que la ley de 2019, que entró en vigor el 26 de abril, establece que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, previa negociación en el seno de la Mesa General de Empleados Públicos e informe del Consejo de la Función Pública, la Junta aprobará su desarrollo reglamentario. Por lo tanto, recordó que el 26 de octubre de 2019 terminó el plazo para el desarrollo reglamentario.

Sin embargo, denunció que hasta ahora no ha comenzado el desarrollo normativo y advirtió de que ni siquiera aparece en el Calendario Anual Normativo de 2021, publicado en la página web de la Junta de Castilla y León. Además, recordó que en el calendario de 2020 figura el decreto para la carrera profesional en el segundo trimestre del pasado año.

Por ello, aseguró que se trata de una «probada ilegalidad omisiva« sobre la que le pidieron amparo, dado que la ausencia de previsión reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación expresamente establecida por la Ley de 2019. Además, criticó que se priva de un derecho reconocido a todos, menos al personal sanitario y que supone una conducta de »obstrucción« por dejación de funciones.

«Nos encontramos ante un supuesto manifiestamente análogo a los descritos –y reprobados en sede judicial-, donde la inacción administrativa en el ejercicio de una potestad no sustituible se emplea en realidad para dilatar cuando no infringir una disposición legal«, agregó.

Uscal recordó que el desarrollo de la carrera profesional permitirá que todos los empleados públicos de Castilla y León perciban un complemento retributivo, que está fijado en función del subgrupo de pertenencia. Se estratifica en cuatro categorías y su progresión dependerá de la evaluación del desempeño profesional, es decir, la trayectoria y actuación profesional, los conocimientos adquiridos y el rendimiento y logros obtenidos a lo largo de la vida laboral. También podrán incluirse otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. Y todo ello sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

Esta progresión alcanzada por el empleado público dentro del sistema de carrera administrativa tendrá unos complementos retributivos que en la ley de presupuestos generales de Castilla y León para el 2021 llevan asociados unas cantidades que oscilan desde los 600 euros al año en la categoría y subgrupo más bajo, hasta los 8.400 en el más alto.

Finalmente, Uscal confió en que el Procurador del Común inste al consejero de la Presidencia,Ángel Ibáñez, a que adopte las medidas necesarias con el fin de dar efectivo cumplimiento a la ley de 2019. De no ser así, anunció que recurrirán a la vía judicial para que los 60.000 trabajadores de la Junta tengan acceso a la carrera profesional.