La recuperación económica reduce el 17% las familias que viven de la renta de ciudadanía en la comunidad

David y Sheila pasean por un parque en el Paseo Juan Carlos I, en Pajarillos, en Valladolid. /Rodrigo Jiménez
David y Sheila pasean por un parque en el Paseo Juan Carlos I, en Pajarillos, en Valladolid. / Rodrigo Jiménez

11.962 personas renunciaron en los últimos cuatro años a la ayuda económica por un trabajo

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

Huye del concepto de caridad y de fondo perdido. La Renta Garantizada de Ciudadanía cambió hasta de nombre –antes se llamaba salario social– para mejorar su objetivo y buscar facilitar un impulso en tiempos difíciles a una unidad familiar al completo en paro o amparar a una persona sin cobijo. Esta prestación persigue sobre todo dejar de ser necesaria, para ello, para la integración social, es imprescindible la laboral. Encontrar trabajo que sustituya a la ayuda de la Junta es el objetivo fundamental y último y, por ello, va acompañada de itinerarios de formación. Una meta a la que la recuperación económica obviamente favorece. La curva de los datos desde que se implantara, a principios de 2011, lo dice todo: Los años de crisis la disparan y el último lustro ve reducir las cifras. Los cambios normativos logran el descenso de los casos en los que se prefiere vivir de la 'sopa boba' a optar por un trabajo, incluso, a veces cobrando menos pero sabiendo aquello de que se trata de 'meter el pie' en una empresa y conseguir la tan demandada experiencia. El último ejercicio completo, el de 2018, ya se cerró con un 33% de contratos de perceptores de esta ayuda económica.

«Es una ayuda para salir del bache; pero hay que luchar por salir y ponerse a trabajar cuanto antes»
David y Sheila / . Rodrigo Jiménez

Ninguno de los dos considera la Renta Garantizada de Ciudadanía como un salario y una forma cómoda de vivir. Ambos lo tienen claro: «Es un apoyo para salir del bache, que te ayuda a buscar trabajo; pero es temporal porque hay que luchar por ganarse la vida». David Escudero Jiménez y Sheila Fernández, una matrimonio treintañero, actualmente con dos hijos de 12 y 6 años, han conocido bien lo que es la angustia de quedarse sin sustento, con una casa comprada que apenas habían empezado a pagar, en el paro tras años de trabajo y con la incertidumbre por futuro. Y ella, embarazada en aquel entonces.

Viven actualmente en Pajarillos altos, se conocen desde los 18 años y llevan ya 15 años casados. Sheila –que acaba de sacarse el carné de conducir, lo cuenta orgulloso David– ha trabajado como dependienta y en el servicio doméstico. Después hizo una sustitución en el servicio de Clece para limpiar edificios de la Universidad de Valladolid que fue la puerta de entrada, meses después de haber terminado este contrato, volvieron a llamarla y lleva ya dos años con trabajo. David es cocinero. Es una vocación «de toda la vida», le encanta la hostelería y restauración y ello le llevó a hacer un curso hace cinco años del Secretariado Gitano que duró seis meses. Con él llegó el trabajo en la cafetería de las Cortes –«hice ahí las prácticas y ya me cogieron» y también trabajé «dando de comer en los cuarteles militares». Ahora lleva solo 15 días en paro y con buenas perspectivas laborales; pero «no aguanto estar así, necesito trabajar y quiero empezar cuanto antes».

El primer piso tuvieron que dejarlo en dación del pago cuando la crisis los dejó a ambos en la calle. Un alquiler y gastos de la casa que les llevaba entre 200 y 300 euros, buena parte de la renta garantizada de la que ella era la titular –de 590 euros con un hijo y, ya con los dos, de 640– y «chapuzas. Hacíamos lo que podíamos para sobrevivir, mercadillo, cualquier cosa que saliera... y la renta nos ayudó, nos dio un techo, una oportunidad porque es realmente muy duro quedarte sin nada, y más para un gitano porque hay mucho desprecio, se generaliza mucho y nos ven a todos como malos y eso es injusto. En algunos trabajos incluso nos han preguntado si lo somos y no nos han querido coger. Es muy duro que te miren mal por la raza».

En los últimos cuatro años, la demanda de la Renta Garantizada de Ciudadanía bajó el 42%. Y, además, fueron 11.962 las personas que, desde 2011, renunciaron a percibir esta ayuda y prefirieron el trabajo. Junto a la recuperación del mercado, algunas políticas de inserción laboral y cambios normativos de la renta para evitar 'castigar' a quien opta por un puesto aunque sea temporal al permitirle la vuelta a la renta con mayor flexibilidad, entre otras medidas, han favorecido su descenso. También se ha mejorado el procedimiento de concesión con el reconocimiento al derecho desde el mes siguiente a la solicitud y la reducción a 30 días de la suspensión en caso de determinados supuestos de incumplimiento por parte del perceptor; se ha mejorado la inserción laboral de los beneficiarios facilitando que vuelvan a percibirla de forma automática si les finaliza el empleo, y facilitando que en caso de refugiados pueda ser percibida a través de terceras personas. Un análisis de la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía en los últimos años revela que es un importante instrumento para la inserción laboral.

Personas de entre 36y 45 años, más mujeres que hombres y más en el medio urbano son los principales beneficiarios de este salario social

Desde 2015, el aumento de personas que dejan este viejo salario social por un trabajo registra un aumento constante. En 2015 fueron 2.356; superaron los 3.000 en 2016 y 2017 y fueron 3.360 en 2018. En este último ejercicio citado, la integración en el mercado laboral ha sido muy acusada, con 3.360 personas que encontraron un empleo de los 10.557 beneficiarios, un 33%. y un 43% más que en 2015.

El dato

26.675
beneficiarios de la renta a fecha del primer cuatrimestre de este año. Datos acumulados.
5.134
demandantes registra el año 2018 frente a los 6.367 de 2017 y los 13.579, de 2011.
28,3%
tienen una edad de entre 36 y 45 años y el 27% desde dicha edad a los 55 años.
62,4%
vive en zonas urbanas.
58%
son mujeres frente al 42% de varones.
57,3%
de los titulares tienen cargas familiares.

Los programas de impulso a la formación para el empleo y los laborales han incidido positivamente en estos resultados. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades potencia tal objetivo a través de los itinerarios de inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión, a la contratación de estos perceptores de la renta por empresas y entidades sin ánimo de lucro, a la formación de jóvenes en riesgo incluidos en Garantía Juvenil, a las subvenciones a entidades del tercer sector para financiar programas de inserción y orientación laboral, o a las contrataciones por parte de las corporaciones locales.

En estos últimos cuatro años, la demanda ha disminuido claramente. Los datos registran un descenso del 42% en el número de solicitudes al pasar de las 8.584 personas de 2015 a las 5.134 que lo hicieron el año pasado, reducción que puede deberse a la mejora en el acceso al empleo. Con datos del pasado mes de abril, son 26.675 los beneficiarios de esta renta al haber 11.498 titulares, dado que lo recibe un miembro de la familia pero para toda la unidad. La cuantía media recibida actualmente es de 530 euros.

El 87% de los beneficiarios son constantes, persisten en su pobreza

Aunque los titulares de la prestación han descendido, el 87% de ellos «son estructurales y tienen mayor vulnerabilidad y más persistente y el 13% son coyunturales».

Los datos en Castilla y León indican que en 2017 se redujo la tasa de riesgo de pobreza 2,3 puntos hasta el 15,4, lo que supone estar 6,2 puntos por debajo de la media nacional.

Una norma más flexible para potenciar compatibilidades

La normativa aprobada en 2016 dio respuesta a situaciones reales en las que familias con necesidades demostrables quedaban excluidas o perdían otras prestaciones. El decreto amplió los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección, con algunas ayudas públicas como la del paro. Explican fuentes de Familia que, así, hay garantías de que quien recibe la prestación por desempleo pueda compatibilizar y complementarla con otra de la Red de Protección, como por ejemplo esta renta, hasta alcanzar el máximo establecido.

También implantó la Consejería de Familia la compatibilidad de apoyos de la red con otros sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las obtenidas por incapacidades temporales durante el desarrollo del trabajo, y la por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.

De esta forma, este grupo de medidas eliminan las incompatibilidades establecidas en la normativa de 2014, con ingresos que procedían de las acciones protectoras de la seguridad social u otros sistemas públicos de protección, asegurando unos ingresos suficientes para atender las necesidades básicas de una persona.

Otro de los principales objetivos de estas medidas fue flexibilizar el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles. De esta forma, lo que se quiere garantizar la Junta es que se cubran las necesidades básicas de los autónomos y personas que, aunque tengan rendimientos del trabajo o propiedades de ciertos bienes inmuebles, no tengan cubiertas sus necesidades por imposibilidad de hacer efectivo su valor.

La Consejería de Familia destinó a esta ayuda en 2018 79 millones y fue el primer año en el que el presupuesto descendió por el histórico de reducción de la factura. De hecho se ejecutaron solo 72 millones de euros.

Como referencia, desde que se puso en marcha esta prestación en 2011, han sido cerca de 79.000 los ciudadanos que se han beneficiado de la misma, que corresponden a 33.116 titulares y el gasto total destinado a la misma por parte de la Junta ha sido de 470,1 millones de euros.

En lo referente al perfil de los titulares, destaca que el 28,3% tienen entre 36 y 45 años; el 62,4% vive en el medio urbano, el 58 % son mujeres, y el 57,3% son titulares con cargas familiares. El 88,5% de los titulares son españoles y el 11,5% extranjeros principalmente de países como Marruecos, Bulgaria, Rumanía o Colombia.