Los procuradores abordan el final de la legislatura con atasco de leyes en las Cortes
La falta de apoyos mantiene bloqueados los mapas rurales de la Junta, en una carpeta de normativa pendiente con 19 iniciativas que incluye el impuesto a Endesa e Iberdrola por Garoña
Los procuradores autonómicos deberán apretar mucho para dejar aseada la carpeta de normativa pendiente de debate en las Cortes. Les quedan apenas cinco meses de actividad (enero es 'inhábil' y en marzo se convocarán las elecciones autonómicas) y tienen en cola diez proyectos de ley remitidos por la Junta, a los que hay que sumar seis proposiciones de ley, dos de reforma de artículos concretos de la Constitución y una que rehace el Reglamento que regula el funcionamiento de las Cortes promovidas por la oposición.
La regulación del nuevo mapa rural para reordenar servicios e infraestructuras es el asunto de mayor transcendencia y de mayor antigüedad en la carpeta de los proyectos de ley y el que peor horizonte tiene. Es una iniciativa «de comunidad» liderada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el vicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez, que requiere del apoyo del PSOE para salir adelante. Después de intentar dar tregua al acuerdo con cinco prórrogas del plazo para presentar enmiendas, algo poco visto en la tramitación parlamentaria, el proyecto sigue bloqueado. Salvo un acuerdo 'in extremis' que no se espera, quedará en el dique seco.
El PSOE no apoya los nombres propuestos por el PP para presidir Consultivo y Cuentas
Los nombres propuestos por el PP para presidir el Consejo Consultivo y el de Cuentas, José Manuel Fernández Santiago y Mario Amilivia, no son del agrado del PSOE y así lo manifestó Luis Tudanca, el portavoz del Grupo Socialista, en la junta de portavoces. Especialmente, Tudanca expresó reparos sobre el procurador del PP por Ávila Fernández Santiago «porque una persona que se vio relacionada con la trama Gürtel no puede formar parte del Consultivo, por ser el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la legalidad por parte de la administración». El socialista pidió dejar sobre la mesa la renovación de las instituciones propias porque no hay mayoría suficiente y advirtió que su grupo «no votará a favor». Al respecto, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, acusó a los socialistas de falta de lealtad y manifestó que, si esta se quiebra y se rompe la propuesta conjunta, «las consecuencias abarcarán otros ámbitos», en relación con la designación del senador autonómico, según informa Ical. Para que prosperen las candidaturas se necesitan los votos de tres quintas partes de los procuradores (50 escaños) en la primera vuelta, o mayoría absoluta en la segunda.
También el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, criticó la politización de estos nombramientos y pidió que no vayan al próximo pleno para que los grupos puedan llegar a un acuerdo. Para Natalia del Barrio, de Podemos, no son necesarias «tantas prisas» y anunció que su grupo votará en contra o se abstendrá.
Algo que no pasará con los otros nueve, según apuntan desde el grupo popular. Incluso si la Junta presentase el proyecto de presupuesto para 2019 y el de medidas fiscales (debería hacerlo antes del 15 de octubre), que tienen prioridad de tramitación respecto a los demás asuntos, esos proyectos de ley irán a pleno. Aunque haya que «cargar» de asuntos las sesiones que quedan, insisten en el PP.
Herrera apuntó a primeros de mes que lo más previsible es que no haya debate de cuentas autonómicas si no se aprueban las estatales, con lo que permitiría abordar con mayor holgura la tramitación de la regulación de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación; la reforma de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria; el impuesto a Garoña por el depósito de residuos radiactivos, que la Junta quiere cobrar este mismo año; la futura ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera; de Actividad Físico-Deportiva; de Conciliación y Lucha contra la BrechaSalarial; del Diálogo Civil; de Personas Usuarias de Perro de Asistencia y de Voluntariado. Son los proyectos de ley en lista de espera.
A esos diez asuntos hay que sumar otros ocho planteados por la oposición, toda vez que el miércoles se debatirá el que planteó el procurador de IU-Equo para proponer la reforma del artículo 50 de la Constitución Española, que recoge el derecho de los mayores a tener unos ingresos dignos.
Entre las iniciativas normativas que han planteado los grupos parlamentarios destaca por actualidad, y porque la firman todos salvo el PP, la proposición de ley para garantizar la Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género y de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual y de Género que demandan los colectivos LGTBI+. Se está tramitando una norma a nivel estatal y el PP ha solicitado una prórroga de enmiendas para el texto de Castilla y León.
Regulación electoral
También está en trámite la reforma de la Ley Electoral que plantea Ciudadanos, pendiente de informes jurídicos porque puede colisionar con legislación de ámbito estatal. Era una de las 'exigencias' de Cs en su acuerdo de investidura con el PP, como la de control de los senadores entre los pactos presupuestarios. Esta última está más verde, al amparar la regulación estatal que esos parlamentarios den cuenta en la Cámara Alta y no en los hemiciclos autonómicos que los nombran.
A las anteriores se suman proposiciones que persiguen cambios en la regulación de los servicios sociales (PSOE) o en la lucha contra la violencia machista (Podemos).
En total, 19 asuntos. Cifra pareja a la de las leyes aprobadas desde 2015, que han sido 18, en una legislatura en la que ha bajado el impulso normativo y ha primado el de control. Una de los textos que aguardan su turno plantea una reforma del Reglamento de las Cortes para dar «mayor protagonismo» a la oposición en el control a la Junta. Podemos firma esta iniciativa.
El balance de la legislatura
Presupuestos con el apoyo de Cs y UPL
El PP ha logrado sacar adelante tres presupuestos sin mayoría absoluta. Ha negociado con Ciudadanos y con UPL, que han permitido con su abstención que salieran adelante las cuentas de 2016, 2017 y 2018 y las leyes de medidas administrativas y fiscales que han acompañado al reparto de partidas de ingresos y gastos cada año. Lo más significativo de estas últimas ha sido la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones para familiares directos en los casos de herencias.
Las tres leyes de mayor trascendencia han sido la que potencia la Red de Protección a Familias y Personas en Situación de Vulnerabilidad, más allá de que haya o no crisis económica, la que reconoce derechos a las víctimas del terrorismo y la que regula el estatuto de los altos cargos.Con esta última se limita a ocho años (dos mandatos) el tiempo que puede estar en el cargo el presidente de la Junta o en la misma consejería un consejero, que sí podría cambiar de departamento. También se implanta la incompatibilidad para que un edil de una localidad de más de 20.000 habitantes sea procurador en las Cortes. En esta situación están los alcaldes de León y de Salamanca. Las Cortes han regulado por ley la condición de informantes de empleados públicos que alertan sobre posibles prácticas de corrupción. Las dos últimas leyes han sido exigencias de Cs al PP en el acuerdo de investidura. La redacción final ha sido ampliamente contestada por el resto de la oposición y por colectivos de funcionarios.
Salvo la Ley de Reducción de Cargas Administrativas, el balance lo cierran otros proyectos de ley de alcance más discreto. Tres son modificaciones puntuales de leyes, otra de las iniciativas perseguía la fusión de los colegios profesionales de economistas de Burgos y Valladolid y cierra el balance la ampliación del Parque Natural del Lago de Sanabria. Incorpora al municipio de Porto, que plantea dejar Castilla yLeón por la falta de servicios y el lamentable estado de la carretera que lleva al pueblo.
