El Procurador del Común busca unificar criterios sobre el uso de patinetes eléctricos en Castilla y León

Un usuario de patinete eléctrico, en plena circulación por un carril-bici /Jordi Alemany
Un usuario de patinete eléctrico, en plena circulación por un carril-bici / Jordi Alemany

El defensor del pueblo autonómico ha solicitado información sobre normativas y accidentes a los ayuntamientos de más 5.000 habitantes de la comunidad

ARTURO POSADA
ARTURO POSADALeón

El Procurador del Común ha iniciado una actuación de oficio con la idea de «formular sugerencias o recomendaciones» a los ayuntamientos de más 5.000 habitantes de Castilla y León para «homogeneizar» el uso de patinetes eléctricos y «garantizar el derecho de los ciudadanos a circular en condiciones de seguridad por las vías públicas». Así queda recogido en una carta remitida a los diferentes alcaldes en demanda de información sobre el uso de estos 'vehículos de movilidad personal' en sus municipios.

El Procurador del Común quiere conocer cuál es la normativa reguladora sobre patinetes eléctricos en cada localidad o, en el caso de no existir, qué «previsiones temporales y criterios generales» se tienen en cuenta para regular la materia. Además, el equivalente regional del Defensor del Pueblo solicita un informe sobre los accidentes ocurridos en los últimos tres años «concretando, si fuera posible, el número de siniestros en los que hubo daños personales y las causas».

El organismo que preside Tomás Quintana demanda igualmente información sobre el número de sanciones impuestas por el uso de patinetes eléctricos y «las causas más comunes que motivaron las denuncias», así como «cualquier otro aspecto relacionado con el tema que pueda ser, a su juicio, de interés en la tramitación de la presente actuación de oficio».

En la misiva, firmada por la adjunta al Procurador del Común, Anabelén Casares, se recuerda que la competencia sobre la ordenación del tráfico en las vías urbanas corresponde a los municipios y que la Dirección General de Tráfico solo ha emitido hasta la fecha una instrucción no vinculante con «una serie de criterios muy básicos e insuficientes dirigidos a los ayuntamientos». El Procurador del Común entiende que «los núcleos urbanos más consolidados» deben actuar «sin necesidad de esperar a la regulación general prevista» y considera que debe intervenir para que los municipios de Castilla y León dispongan de criterios comunes.

La carta fue remitida el pasado mes de diciembre a los 57 ayuntamientos castellanos y leoneses de más de 5.000 habitantes, a los que se dio un mes de plazo para remitir los datos solicitados.

En la sede del Procurador del Común señalan que «aún faltan»municipios por responder y apuntan que el trámite se encuentra en «recepción de información», por lo que se ha ampliado el plazo fijado inicialmente con la idea de obtener la información de todos ellos o, al menos, del mayor número posible.

Una vez recibidos todos los informes, los asesores del Procurador del Común estudiarán las similitudes y diferencias de las normativas municipales para emitir una recomendación, con el fin de aunar criterios entre los ayuntamientos de Castilla y León, el fin último de la iniciativa.

Los datos sobre accidentes de patinetes divulgados hasta la fecha son nacionales. La Fiscalía de Seguridad Vial contabilizó un total de 273 accidentes con implicación de vehículos de movilidad personal durante los primeros once meses de 2018 en 44 ciudades españolas, según un informe que hizo público el pasado mes de diciembre. De los 273 accidentes, se consideró que los usuarios de patinetes eléctricos o similares fueron responsables en 203 de los casos. En ese periodo se contabilizaron cinco fallecidos.

 

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