La UPA pide que se vigile al «cártel lácteo» para que la multa de 80 millones no repercuta en los ganaderos ni en el consumidor

La organización ha expresado los «sentimientos encontrados» que genera entre los productores de leche la multa de la CNMC a las industrias lácteas, conocida el viernes. Por un lado, satisfacción, «pues siempre es agradable tener razón», y por otro confiesan su temor a que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a sus proveedores: los ganaderos.

La multa, de 80 millones de euros, se dirige a las empresas Calidad Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica). También han participado en estas conductas Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, aunque su infracción ha prescrito, pues el periodo analizado y sancionado es entre 2000 y 2013.

Estas prácticas anticompetitivas consistían, según la CNMC, en intercambio de información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. Con el objetivo final de controlar el mercado. Pero también sobre quienes eran los ganaderos que pensaban cambiar de transformador. Esta información permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.

A juicio de UPA ha quedado «de sobra demostrado» que todas las empresas lácteas de España se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos. Mientras las empresas «usan a sus ganaderos» en campañas de publicidad para blanquear su imagen, «por detrás nos dan puñaladas traperas».

La organización de ganaderos ha exigido a las empresas «que se dejen de recursos» y asuman la multa. Así mismo ha propuesto que el importe de la sanción se destine íntegramente a ayudar al sector ganadero en la situación de «crisis profunda» en la que se encuentra, así como a luchar contra la despoblación.

La Unión de Pequeños Agricultores ha explicado que aún hoy la situación de precios hundidos en origen, de dependencia extrema de los ganaderos a las industrias y de falta de poder negociador del primer eslabón son «una realidad dramática», que provoca un goteo continuo de cierre de granjas: no en vano 840 granjas de vacuno de leche han cerrado en España en el último año.