Pedro Sánchez anuncia «convenios de transición» para compensar a las comarcas mineras

Mineros en un pozo de León, durante el último día de la minería del carbón en el Bierzo el pasado 16 de noviembre./César Sánchez-Ical
Mineros en un pozo de León, durante el último día de la minería del carbón en el Bierzo el pasado 16 de noviembre. / César Sánchez-Ical

Las Cortes regionales abogan por incorporar a los trabajadores de contratas a los acuerdos ya existentes

Arturo Posada
ARTURO POSADAValladolid

Pedro Sánchez apuntó este miércoles los tres grandes ejes del «paquete de energía y clima» que el gobierno central llevará el viernes al consejo de ministros. Entre ellos, figura la estrategia de «una transición justa», con medidas que afectan de lleno a las comarcas que han vivido tradicionalmente de la extracción del carbón. El presidente del Gobierno anunció «medidas legislativas para garantizar el futuro de los trabajadores de la minería» y la celebración de «convenios de transición para todas las comarcas afectadas por el cierre de la minería, las centrales del carbón y las centrales nucleares». «El objetivo es que los cierres generen un 'impacto cero' sobre el empleo y la población al final del proceso», señaló Sánchez. Esos convenios garantizarán un «acceso ágil y prioritario a las ventanas de financiación de la administración general del Estado» y estarán acompañados de ayudas europeas «cuando sea posible» y de «incentivos fiscales y deducciones cuando se considere idóneo». Según el presidente del Gobierno, está transición se hará «siempre de acuerdo» con los agentes sociales, «de abajo arriba, con consenso y cooperación». En las previsiones generales del ejecutivo, el 20% de la energía total que se genere en 2020 provendrá de fuentes renovables. En 2030, se situará en el 42%. Además, en 2040 ya no circularán coches que emitan CO2 y en 2050, las energías renovables compondrán el cien por cien del «mix energético».

El futuro de comarcas de tradición mineras como El Bierzo también tuvo su extensión durante el pleno en las Cortes de Castilla y León. Toda la cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por Podemos para incorporar a los trabajadores de contratas y subcontratas a los beneficios acordados en octubre entre Gobierno central, sindicatos y la patronal Carbunión. En este plan social se marcaban las condiciones para las prejubilaciones, las bajas indemnizadas o la inclusión en una bolsa de trabajo que facilitase el acceso a cursos de formación. Sin embargo, más de 800 empleados de contratas y subcontratas quedaron fuera de esos compromisos. Ayer, las Cortes instaron a la Junta para que se dirija al Gobierno e incorpore a estos trabajadores al plan social.

Alfredo Peláez, responsable de Comisiones Obreras en El Bierzo, agradeció ayer la iniciativa parlamentaria. «Queríamos una declaración institucional de que las cosas se van a mover. Todos los grupos han entendido la situación en la que nos encontramos. Exigimos un plan social para los trabajadores mayores de 55 años que tienen una difícil empleabilidad y una serie de recolocaciones para la gente joven. Es lo que nos había prometido Endesa. Esperamos que el posicionamiento político de la PNL se traduzca en una serie de actuaciones para solucionar el problema. Se puede instar a Endesa para que se siente de una vez en la mesa de negociación que nos han prometido a las empresas auxiliares».

Insultos en el Pleno

Esta situación fue calificada como «perentoria» por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, para evitar la existencia de trabajadores de «segunda», la misma expresión que empleó José Sarrión (IU), que calificó como «una vergüenza» la privatización de Endesa por parte de PP y PSOE. Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, consideró que «había que haber luchado mucho más al día siguiente del cierre de la minería» y consideró «víctimas» a los trabajadores afectados. La procuradora socialista Gloria Acevedo apuntó que su partido «no ha dejado a nadie atrás» y el PP propuso, a través del procurador Juan José Sanz Vitorio, que se mantenga la actividad en centrales como La Robla o Compostilla hasta 2030. «No entendemos que en otros países de Europa, como en Polonia y Alemania, se haya pospuesto el cierre hasta 2035 y 2038, y aquí el gobierno socialista no haya luchado para ampliar el horizonte de descarbonización de nuestras cuencas», añadió su compañero Marco Morala, candidato del PP a la alcaldía de Ponferrada en los pasillos de las Cortes.

En el intercambio dialéctico en el Pleno, las palabras subieron de tono. Desde su escaño, el procurador socialista Pedro González llamó «imbécil de marca mayor» al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y este le tildó de «impresentable». González mantuvo su calificativo cuando la presidenta de las Cortes le instó a retirarlo.

Los Centros de Educación Especial reciben el respaldo parlamentario

as Cortes de Castilla y León respaldaron este miércoles con 83 votos a favor y una abstención (la de José Sarrión, de IU) la propuesta de Ciudadanos para reforzar el papel de los Centros de Educación Especial de Castilla y León y solicitar al Gobierno de España su continuidad. El ejecutivo central prevé, en su proyecto de ley de reforma del sistema educativo incorporar a niños con cierta diversidad funcional» en colegios ordinarios «estableciendo recursos para ello» y siempre que sus familias así lo soliciten, según declaró la ministra de Educación, Isabel Celaá.

«Hay niños que requieren de un esfuerzo extra, que necesitan más descanso o parar para hacer rehabilitación. Eso no es segregar. No hablemos de educación especial como un 'ghetto', sino como un verdadero aliado para la educación», apuntó David Castaño, procurador de Ciudadanos, que abogó por escuchar los deseos de los padres.

Lorena González, procuradora de Podemos, apuntó que Ciudadanos, «en lugar de reforzar el sistema público ordinario para que cada vez más niños tengan cabida en él, proponen lo contrario: reforzar el papel de los centros de educación especial». «Sin embargo, somos conscientes de que el sistema no está preparado para hacerse cargo del alumnado afectado», añadió González.

El socialista Jesús Guerrero recordó que el origen del problema tiene que ver con un informe de Naciones Unidas que señala a España como un país en el que se «segrega a los alumnos con discapacidad», algo que consideró «discutible». «Los centros de educación especial, además de escolarizar, deben ser referencia para los centros ordinarios. Ni un paso sin contar con las familias», declaró.

En el PP, la procuradora María Isabel Blanco defendió el derecho de los padres a elegir el centro para sus hijos. «Apostamos por recursos especializados para los que lo necesiten y la inclusión en los centros ordinarios si así lo deciden».