La obra pública alcanza la barrera de los 1.000 millones en Castilla y León pese a una recuperación «lenta»

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual Gómez, presenta el balance de la licitación de obra oficial en la comunidad autónoma durante el primer semestre de 2018. /R. Valtero
El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual Gómez, presenta el balance de la licitación de obra oficial en la comunidad autónoma durante el primer semestre de 2018. / R. Valtero

La Cámara de Contratistas alerta de la falta de «ilusión» entre los constructores y critica el «trato de favor» que recibe Tragsa por parte de las administraciones

J.A.
J.A.León

Castilla y León alcanza de nuevo la barrera de los 1.000 millones de euros de inversión en obra pública, tras una recuperación «lenta», que no ha logrado generar más empleo en el sector de la construcción. La Cámara de Contratistas prevé que las administraciones -central, autonómica y local- lleguen en 2018 a este umbral del que se habían alejado por la irrupción de la crisis hace una década y las políticas de control del gasto.

Este volumen inversor se queda lejos de lo que los contratistas de Castilla y León reclaman para atender las necesidades de la Comunidad. Según el presidente de la Cámara, Enrique Pascual, las administraciones deberían dedicar unos 1.500 millones al año para mantener en un estado adecuado las infraestructuras construidas y para no perder oportunidades de desarrollo y progreso.

Por ello, los empresarios del sector celebran el incremento de gasto registrado durante 2018, un año en el que la licitación superó los 1.000 millones, según el balance provisional de la Cámara de Contratistas al que tuvo acceso Ical. Además, la adjudicación, es decir, los contratos otorgados a una empresa o unión de varias, alcanzó los 700 millones.

No obstante, estas cifras se quedan por debajo los 1.413 millones que preveían las administraciones en sus presupuestos para el pasado año. «Todo lo que sea crecer es ir para adelante», afirmó el presidente de la Cámara de Contratistas, quien insistió en que ya no hay «posibilidad de recortar nada». Advirtió de que la Comunidad corre el riesgo de descapitalizarse si se mantiene una inversión propia de la década de los 90, frente a los 4.560 millones de 2009.

Este mercado no incentiva el relevo generacional en el sector de la construcción, según Enrique Pascual, quien aseguró que no existe «ilusión» para continuar con la empresa familiar y si «mucho cansancio» y falta de «confianza». «Nos preocupa mucho el futuro», reconoció al tiempo que exigió una mayor dotación de recursos para la obra pública una vez que recordó España ya ha recuperado el Producto Interior Bruto (PIB) de 2007.

Presupuestos en el aire

La llegada de 2019 sin presupuestos Generales del Estado, ni tampoco de la Comunidad, preocupa a los empresas de la construcción, puesto que para el representante de los contratistas permiten que se planifique las infraestructuras a largo plazo y, por tanto, la estructura que necesitará la empresa en función de la carga de trabajo. De momento todo está en el aire, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene garantizados los apoyos para sacar adelante el proyecto presentado hace unos días.

También reclamó «estabilidad» en los gobiernos para que se puedan cumplir los marcos presupuestarios. No obstante, admitió que la obra pública no puede crecer más a través del modelo clásico de inversión del Estado, por lo que reclamó un impulso de la colaboración público-privada, a través del pago por uso o la concesión. Para ello, reconoció que sería necesario poner en marcha una «Agencia Tributaria» de las infraestructuras, con el objetivo de que estén al margen del ciclo político. «Las infraestructuras no saben de ideología», apostilló.

Al respecto, Enrique Pascual advirtió de que es necesario reformar un sistema institucional «demasiado caro» que absorbe muchos recursos públicos, lo que impide en su opinión que las administraciones puedan dedicar fondos a la inversión en obra pública. Además apuntó que en algunos casos los impuestos se han convertido ya en «confiscatorios» y añadió que los «bolsillos» de los ciudadanos tampoco notan la llegada de la recuperación.

Tragsa, un competidor

Otro de los asuntos que tiene a los contratistas contra las cuerdas es la competencia que ejerce la empresa pública Tragsa, dependiente del Estado, pese a que su objeto son las obras en el medio rural y las urgencias medioambientales. Enrique Pascual criticó el «trato de favor», que en su opinión recibe de las administraciones, a través de encargos a los que no accede el sector privado.

El último caso registrado en Castilla y León son las obras para la finalización del Parque Tecnológico de Burgos, que tendrá un presupuesto de 17,6 millones. La Junta argumentó que recurría a Tragsa para acelerar los trabajos, para evitar plazos más dilatados a través de un concurso tradicional.

Esta medida se adopta después de que se resolviera y liquidara el contrato de obras para la construcción de este recinto, que había suscrito en diciembre de 2009 la extinta sociedad pública Ade Parques Tecnológicos con la compañía adjudicataria Corsán Corviam Construcción.

El presidente de los contratistas de Castilla y León explicó que las administraciones le encargan actuaciones, que no encajan en sus estatutos, sin respetar los principios de transparencia, igualdad y concurrencia de la contratación. Además, denunció que no se justifica en algunos casos que las obras que se le encargan respondan a criterios de eficiencia, seguridad o urgencia, y tampoco se fiscaliza su actuación.