Un informe estatal urge a la Junta a cubrir 25 vacantes en inspección y gestión de tributos

Pilar del Olmo, durante la presentación de una campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas./E. Margareto-Ical
Pilar del Olmo, durante la presentación de una campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. / E. Margareto-Ical

La Consejería de Economía y Hacienda asegura que la nueva relación de puestos de trabajo permitirá reforzar el personal al que puede encomendarse labores de tramitación y control fiscal

S. ESCRIBANOValladolid

«Sigue siendo especialmente importante prestar atención prioritaria a las plazas del área de inspección y valoración, en la que se sigue adoleciendo de una mayor escasez relativa de recursos humanos». Es la primera recomendación que la Inspección General de Servicios de Ministerio de Hacienda traslada a la Junta tras auditar cómo gestiona la comunidad autónoma los tributos estatales cedidos. Esa labor recae en la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, que trabaja desde 2003 bajo el mando de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

Los auditores del ministerio contabilizan 98 plazas vacantes en las áreas tributarias de la Junta, de las que urge cubrir esas 25. Hacen especial mención a la situación que atraviesa el Servicio Territorial de Segovia, con 16 puestos sin ocupante y cuya cobertura consideran «inaplazable» e «imprescindible» al menos en cuatro plazas con responsabilidad organizativa. La memoria sobre 2017 elaborada por la Dirección General de Tributos de la Junta recoge la existencia de una queja-sugerencia que reclamaba más personal para atender a los contribuyentes en la provincia segoviana.

La evaluación ministerial es minuciosa y aborda, además de los recursos humanos, los materiales, la cooperación entre la Junta y otras administraciones o departamentos en el cruce de datos de contribuyentes, principalmente la Agencia Tributaria, la gestión de cada uno de los impuestos, de las tasaciones, de los recursos y de las sanciones, entre otros aspectos. El examen de la Inspección General no incluye reparos de calado, salvo en las apreciaciones y recomendaciones que afectan a la plantilla.

El informe se extiende a lo largo de más de trescientas páginas y llama la atención, en especial, sobre las plazas vacantes del personal que se encarga de labores de control e inspección tributaria. «Se consideran de urgente cobertura 25, cuatro en servicios centrales (en la sede de la consejería) y 21 en servicios territoriales (de las provincias)», refleja el capítulo de recomendaciones, para acto seguido instar a la Junta a «dar los pasos necesarios para promover que sean ocupadas lo antes posible».

El análisis está incluido en la documentación que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado confeccionados por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, pero se trata de un informe que dejó en herencia el Ejecutivo de Mariano Rajoy, elaborado siendo ministro del ramo Cristóbal Montoro. La inspección radiografía la gestión de la Junta de Castilla y León a lo largo de 2017 sobre la recaudación y el control de los impuestos estatales que tramita la comunidad:Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, de Sucesiones y Donaciones, de Patrimonio y las tasas sobre el Juego.

La comunidad gestiona también otros dos impuestos propios de calado medioambiental, el que grava el vertido de residuos y el que se centra en la afección de instalaciones de producción eléctrica, recientemente modificado para extender el pago a los propietarios de la central nuclear de Garoña.

La gestión de esos tributos ocupaba a 31 de diciembre a 344 empleados de la Junta, según refleja el informe, a los que hay que sumar otros 126 trabajadores de 56 registros de la propiedad comarcales que ejercen funciones de oficinas liquidadoras por convenio con la Junta.

Los redactores del documento añaden que en el momento de su visita hay 69 plazas cubiertas por personal interino, con nombramiento provisional o en situación de comisión de servicio, frente a las 38 del año anterior, algo que valoran «negativamente», al tratarse de áreas que requieren una «formación especializada». La auditoría reconoce que la «adecuación cualitativa del personal, que en general es buena, sigue adoleciéndose de que los funcionarios de apoyo que se incorporan carecen, en general, de formación especializada».

Esta cualificación específica no se contempla en los temarios y méritos de los procesos para acceder a estas plazas, por lo que «resulta necesario impartírsela (la formación) tras posesionarlos de los puestos adjudicados, con la consiguiente demora en la obtención de un buen rendimiento en los primeros meses de actividad».

El análisis elaborado por la Inspección General estatal coincide casi en el tiempo con una iniciativa aprobada en las Cortes para incrementar en el corto y medio plazo los efectivos destinados a labores de inspección. La proposición parte del PSOE y recibió el apoyo de todos los grupos, incluido el PP. Fue en febrero de 2016 y obligaba a la Junta a ampliar el 30% la plantilla de inspectores ese año y, al final de la legislatura, «doblar el número de trabajadores públicos dedicados a estas funciones en el momento actual, garantizando, al menos, un trabajador público con nivel A1 y uno con nivel A2 por provincia (inspectores y subinspectores)».

Fuentes del departamento que dirige Pilar del Olmo precisan que la Junta no tiene un cuerpo de funcionarios de Inspección de Hacienda y contabilizan, a 31 de diciembre, solamente 15 empleados públicos con competencias en materia de inspección tributaria. Lo que sí tienen, destacan desde la consejería, son técnicos con formación superior que se encargan de actuaciones de control «y otras no relacionadas con tributos».

El equipo de Pilar del Olmo da por cumplida la iniciativa de las Cortes que obligaba a la Junta a duplicar el número de efectivos en labores de inspección con los cambios en la estructura de la Relación de Puestos de Trabajo. José Francisco Martín, procurador del PSOE e inspector de la consejería en excedencia, niega ese cumplimiento. «No ha habido ni un refuerzo desde que se aprobó la proposición. Ha sido una tomadura de pelo», censura Martín.

El informe del ministerio incluye una evolución de los efectivos de personal entre 2008 y 2017, que constata que han pasado de 383 efectivos a 339. Sin aumento de inspectores y subinspectores en el último año.

 

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