Los empresarios de la construcción reconocen el problema «muy serio» de mano de obra al no captar a los jóvenes y las mujeres

Antes de mantener un encuentro con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para abordar las demandas del sector y conocer las posibilidades de la aplicación de los fondos europeos en la construcción, Vega lamentó que el sector tenga aún el «lastre» de una parte de la sociedad, donde se habla que los trabajadores pasan mucho frío y sufren penurias, además de existir la idea de que está poco cualificado. «Eso ya no es así», aseveró. De ahí que animara a los interesados a pasarse por la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León para conocer los cursos y las cualificaciones profesionales. «Muchos jóvenes se darán cuentan que es un sector sostenible, con un convenio mucho mejor que hostelería, industria o agro. Se paga más dinero y tiene un futuro muy prometedor», añadió.

El también presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León también apuntó, según recogió la Agencia Ical, que el real decreto de modificación de precios, que buscó adaptar los precios a la realidad actual, no llega para cubrir las «grandes» pérdidas de las empresas en las obras públicas. No en vano, aseguró que el sector necesita una modificación de esa normativa que incluya otros elementos que han aumentado de precios como la energía y las materias primas y la subida de tipos. «Sabemos que no depende de la Junta pero sí puede adaptar las obras que vaya a sacar a licitación a los nuevos precios existentes», sentenció. De no ser así, auguró que el sector continuará dejando obras desiertas, aunque la mayor parte corresponde a las entidades locales como ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Y es que recordó que el coste de las materias primas ha aumentado, de media entre el 15 y el 20 por ciento, aunque en algunos casos se han disparado hasta un 30 por ciento. En este sentido, el real decreto no permite cobrar cuando el aumento del coste de la obra supera el 20 por ciento. «Por lo tanto, se queda corto a todas luces», expuso.

Otra de las demandas propuestas por la patronal a la Junta fue el cambio de la Ley de Urbanismo de Castilla y León para que se adapte a la realidad social actual. En este sentido, el consejero reconoció que la Junta ha dado buena orden de ser «ágil» para recoger las reformas que solicita el sector, que son claves para garantizar un funcionamiento adecuado. Citó los dos decretos leyes para introducir algunas demandas como la eliminación de licencia de primera ocupación por una declaración responsable, facilitar la instalación de placas solares en las cubiertas de las viviendas, no afectar al consumo de edificabilidad todas las actuaciones para regeneración y renovación urbana, la eliminación de trámites como los planes de reforma interior de los ayuntamientos y los convenios bilaterales si no hay destrucción de viviendas. Además, anunció que habrá alguna reforma más con la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad, que también afectará al sector.

Suárez-Quiñones subrayó que la construcción es un sector «muy dinamizador» para la economía de la Comunidad y que cuenta con «mucho» empleo, directo e indirecto. «Nos interesa que funcione y tenga vida», concluyó.