El Consejo Escolar reclama «mayor consistencia» del decreto de los centros integrales al no estar «suficientemente justificado»

El Consejo Escolar reclama «mayor consistencia» del decreto de los centros integrales al no estar «suficientemente justificado»

Educación busca un marco para centralizar en algunos lugares a los alumnos de todos los niveles, desde Infantil a Bachillerato

R. TRAVESÍ

El Consejo Escolar de Castilla y León emitió esta semana un dictamen que reclama «mayor consistencia y argumentación» a la Consejería de Educación al considerar que el proyecto de decreto que regula la creación de centros docentes integrales en la Comunidad no está «suficientemente justificado». Se trata de centros que podrían agrupar en algunas zonas todos los niveles educativos, desde el segundo ciclo de Infantil a Bachillerato, e incluso la Formación Profesional. El proyecto, publicado en el tramo último de la legislatura, señala que la ubicación de los centros integrales está prevista en «entornos rurales o urbanos desfavorecidos», pero también recoge que podrían ir en zonas en las que fuera adecuado, «siguiendo criterios de ordenación y planificación de centros».

La Comisión Permanente del órgano consultivo se reunió el pasado martes en Valladolid para abordar, entre otras cuestiones, el proyecto de decreto para la creación de los centros integrales. Se trata de un órgano donde están representados los profesores de la enseñanza pública y concertada, los padres de los alumnos, los estudiantes, las organizaciones sindicales y representantes de la administración educativa.

El presidente del Consejo Escolar de Castilla y León, Marino Arranz, apuntó a la Agencia Ical que el órgano reclama a la Consejería que proporcione un documento con una propuesta «más potente» y con «mayor consistencia y argumentación» que permita dotar un marco para, en un futuro, regular y legislar. Por ejemplo, se reclama una mayor concreción en aspectos relacionados con la comunidad educativa como la representatividad de los claustros de profesores. «No sabemos si en estos centros integrales habrá claustros conjuntos con docentes de los diferentes niveles educativos o serán separados entre Primaria y Secundaria», precisó.

En todo caso, Arranz aseguró que el Consejo Escolar no rechaza, de momento, la idea de los centros integrales porque consideró que pueden ser «positivos» en algunos lugares y momentos. Citó el tránsito de los alumnados de Primaria a Secundaria que, en algunos casos puede ser «traumático». Además, recordó que la base de este decreto son los centros de educación obligatoria (Ceo), aunque extenderlo también a la enseñanza postobligatoria.

Ubicación

Eso sí, insistió en que el órgano consultivo reclama más concreción del proyecto de decreto. Una de las recomendaciones de la Comisión Permanente fue la eliminación del párrafo que prevé la ubicación de este tipo de centros en entornos rurales o urbanos desfavorecidos. «Si la administración lo considera positivo no tiene sentido que se circunscriba a unos lugares», expuso.

Preguntado por la justificación de la Consejería de presentar esta figura a finales de la legislatura, Marino Arranz afirmó que no se trata de un real decreto propositivo sino que únicamente busca crear un marco que permita a la administración implantar los centros integrales. «No obliga ni genera ligazón para que empiecen a funcionar en un determinado curso escolar, por lo que el nuevo equipo de la Consejería podrá elegir si sigue adelante o no con el proyecto», expuso.

La mayor parte de los representantes en el Consejo Escolar mostraron sus dudas con la propuesta de la Consejería de Educación al considerar que en el proyecto de decreto falta contenido, desarrollo y objetivos. El texto habla de la creación de centros públicos para impartir todas las enseñanzas dirigidas a la «generalidad» de los alumnos. Continúa con la explicación de que «permitirían la permanencia» de los estudiantes desde la Educación Infantil hasta finalizar la postobligatoria no universitaria. El objetivo será favorecer la «interrelación» del alumnado y de los docentes, así como conseguir «sinergias en el aprendizaje», tener «mayor facilidad» para realizar proyectos colaborativos y contar con «entornos favorables de convivencia».

El consejero de Educación, Fernando Rey, apostó en febrero pasado por un nuevo marco normativo que permitiera la unión jurídica de los centros educativos para aglutinar en uno solo edificio todas las etapas, desde Infantil a Bachillerato, como ocurre en algunos colegios concertados. Entonces, defendía el modelo para propiciar un acompañamiento más especializado del alumnado, al evitar problemas como el absentismo y facilitar que los escolares pudieran cursar todo tipo de estudios. No en vano, se plantea que estos centros integrales puedan aglutinar, incluso, las enseñanzas de FP.

Ampas

Rey también reconocía que el nuevo marco normativo beneficiaría a las familias, a la hora de la elección de un centro educativo, ya que los padres no tendrían que «volver a pelear» con el cambio de etapa. La presidenta de Confapacal (Confederación de Ampas de centros públicos de Castilla y León), Marina Álvarez, reclamó a la Junta motivar con más detalle la justificación de la creación de los centros integrales. «Es un proyecto tan ambicioso que puede cambiar mucho el sistema educativo, por lo que requiere una mayor concreción y desarrollo», afirmó. De ahí que pidiera más explicaciones a la administración para, luego, adoptar una decisión sobre el proyecto.

Álvarez reconoció a Ical que el proyecto de decreto coincide con las demandas de muchos padres que consideran que sus hijos con 12 años dan el salto a los institutos a una edad muy temprana, cuando aún no tiene la madurez suficiente. Eso sí, subrayó que las Ampas desean que los centros integrales mantengan la misma calidad y derechos que los actuales colegios e institutos, como el acceso a la educación, los recursos materiales, los profesores, el número de horas pero también las actividades extraescolares y el servicio de comedor.

El dictamen llega después de que el proyecto se presentara en la Mesa Sectorial, ante los sindicatos de enseñanza, quienes mostraron su oposición a la creación de estos centros. Una posición que mantuvieron en la reunión del Consejo Escolar. El secretario regional de Negociación de CSIF Enseñanza, Mariano González, aseguró que la administración debe reestructurar de otra forma el decreto porque, tal y como está hora, «no tiene sentido» ante la falta de contenidos y objetivos. En ese sentido, valoró que los padres de la escuela pública, que eran favorables a retrasar la edad de entrada a los institutos, ni siquiera han mostrado su apoyo.

Además, González expresó sus dudas con un proyecto de decreto que puede abrir la puerta para un ahorro económico en equipos directivos. El documento solo habla de que se adecúa al «uso racional de los recursos públicos».

Aseguró que la Consejería habla de que los centros integrales serían una figura con un ámbito «muy limitado» y nunca una implantación generalizada en Castilla y León. A su juicio, sería una figura para pueblos donde hay dos centros colindantes, uno de Infantil y Primaria y otro, de Secundaria o para evitar el desplazamiento de los alumnos a la capital.

En ese sentido, el proyecto de decreto recoge que, previo a la creación de un centro docente integral, será necesario firmar un convenio de colaboración entre la Consejería y el ayuntamiento del municipio para «concretar» las responsabilidades en materia de conservación, mantenimiento y vigilancia del edificio.