La comisión eólica morirá con la legislatura, con la investigación atascada y sin resultado

Miembros de la comisión que investiga la trama eólica en una reunión de noviembre de 2016./Ical
Miembros de la comisión que investiga la trama eólica en una reunión de noviembre de 2016. / Ical

La Mesa de las Cortes abordará hoy el mandato del Tribunal Constitucional para que atienda la solicitud del PSOE y reactive los trabajos de este órgano en el que no ha comparecido nadie

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANOValladolid

Pase lo que pase hoy en la Mesa de las Cortes, no hay tiempo material para que los integrantes de la comisión que investiga la adjudicación de parques eólicos y la compra de los terrenos de Portillo para un polígono industrial que nunca vio la luz y del edificio que la Junta adquirió en Arroyo de la Encomienda saquen algo en claro.

El órgano de gobierno del parlamento autonómico, que preside Silvia Clemente y que está integrado por tres miembros del PP y un representante del PSOE, otro de Podemos y un tercero de Ciudadanos, abordará hoy cómo poner en práctica el mandato del Tribunal Constitucional para que amparen a los procuradores socialistas que denunciaron el bloqueo de esta comisión de investigación, presidida por el parlamentario del PP Julián Ramos.

Clemente ha reiterado estos días que serán diligentes en el cumplimiento de la resolución del Constitucional y los servicios jurídicos de las Cortes ultimaron ayer un informe jurídico sobre el asunto. El Alto Tribunal declara nulo el acuerdo adoptado por la Mesa el 20 de diciembre de 2017, que denegó el amparo solicitado por los dos procuradores del PSOE miembros de esa comisión de investigación, José Francisco Martín y Javier Izquierdo. Este último es, desde el verano, alto cargo del Ministerio de Fomento. No está ya en las Cortes.

La resolución del Constitucional refleja la existencia de una «obstaculización impropia e intensa» de las labores de esta comisión de investigación y considera que eso ha «restringido» el ejercicio del cargo a los procuradores de la oposición. El magistrado que firma el fallo ordena retrotraer todo al momento anterior a esa decisión de la Mesa de las Cortes de diciembre de 2017 de denegar el amparo a los procuradores socialistas, que sus integrantes tomaron orientados por un informe de los letrados de la casa y con cuatro votos a favor, una abstención y uno en contra.

Calendario imposible

El calendario corre en contra de la decisión del Constitucional, puesto que la legislatura concluirá a finales de marzo y con la disolución de las Cortes 'mueren' todos los asuntos en tramitación parlamentaria, entre ellos, las comisiones de investigación.

De las tres que se han desarrollado en el parlamento autónomico esta última etapa, la comisión de las eólicas ha sido la que ha salido peor parada. La que ha analizado la gestión de las malogradas cajas de ahorro de Castilla y León ha celebrado 50 sesiones y recibido a 57 comparecientes. Su trabajo finalizó el 11 de enero sin acuerdo en las conclusiones. La comisión que investiga los sobrecostes del Hospital de Burgos se reunirá el próximo día 21. Entra en la recta final, con el debate de las propuestas de conclusiones, tras 59 sesiones de trabajo y 68 comparecencias. El balance de la comisión de investigación sobre la trama eólica ni por asomo se acerca a las anteriores. Arroja 12 convocatorias y no ha pasado por ese órgano compareciente alguno pese a haberse aprobado un listado de 43 personas el 10 de febrero de 2016. Han pasado tres años.

Los procuradores que analizan las obras del HUBU abordarán las conclusiones el día 21

Los siete parlamentarios que han participado en la comisión de investigación sobre los sobrecostes del Hospital de Burgos (HUBU) se reunirán el jueves, día 21, para debatir sobre las dos propuestas de conclusiones presentadas en noviembre. Un documento lo firma el PP y el otro, el resto de los grupos de la oposición. «Han estado perdiendo el tiempo para que la comisión muriera de inanición y poder esconder sus vergüenzas», critica Mercedes Martín, viceportavoz del PSOE y miembro del órgano de control que ha escrutado el contrato de construcción y concesión del HUBU, en referencia al PP. La última reunión de esta comisión de investigación se celebró el 29 de octubre y las propuestas de conclusiones están listas desde noviembre. El propio portavoz del PSOE, Luis Tudanca, anunció el martes que iban a pedir amparo otra vez a la Mesa de las Cortes si el procurador del PP que preside esta comisión, Salvador Cruz, seguía sin convocarla. «Un día antes el presidente de la comisión había hablado con unos de los procuradores del PSOE para informarle de que iba a reunirse el día 21. Tudanca ya lo sabía», apunta Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes.

Una vez fijada fecha, la clave será si los representantes de los cinco grupo parlamentarios serán capaces de establecer unas conclusiones, aunque sean de mínimos, que permitan su debate y el de los posibles votos particulares discordantes en el pleno o no. En la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro eso no fue posible y el debate en el pleno no se produjo. Terminó su andadura el 11 de enero.

De la Hoz ve complicado un acuerdo si la conclusión monolítica es la de revocar la concesión del hospital burgalés. «La primera conclusión es que el contrato y el control del mismo ha sido un desastre», argumentó Manuel Mitadiel, procurador de Ciudadanos, que defiende una propuesta de «reversión de la concesión prudente. Sí a la reversión, pero no a cualquier precio», resume el parlamentario naranja.

«La resolución del Constitucional no tumba nada al Grupo Popular, revoca un acuerdo de la Mesa de las Cortes y hay que ver ahora cómo se ejecuta esa resolución», asegura Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes. El parlamentario popular entiende que en la reunión del 25 de enero de 2018, posterior al acuerdo de la Mesa de las Cortes y última sesión celebrada de la comisión de investigación, se abordó la posibilidad de fijar un calendario de comparecientes. «Cuestión distinta es que no hubiera mayorías para llegar a un acuerdo. Eso no se puede forzar», matizó De la Hoz.

El portavoz del PP recuerda que se aprobó un listado de 43 comparecientes, «y luego los demás grupos pidieron otros (entre ellos la citación de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta)». Raúl de la Hoz remarcó el argumento defendido por su formación de que el asunto que investiga esta comisión coincide al 100% con investigaciones judiciales en curso. Y estas prevalecen.

José Francisco Martín, secretario del Grupo Socialista y miembro del PSOE en esta comisión lamentó al valorar la resolución del Constitucional la «arbitrariedad» que el PP ha aplicado a la misma para «bloquear» la investigación de una trama de corrupción, y que ese proceder ha sido consentido por la presidenta de las Cortes. Martín ha reclamado la «inmediata citación» de comparecientes para acelerar los trabajos.

Las últimas decisiones del juez que instruye la causa ha sido imputar a dos exviceconsejeros de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado y Begoña Núñez, y a dos exdirectivos de empresas dependientes de la Consejería de Economía y Empleo. Esos cuatro y el propio Herrera son los primeros que deben pasar por la comisión, a juicio del PSOE.

 

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