Ana Carlota Amigo avisa al Gobierno de que el recorte de 80 millones en políticas de empleo «privará de formación» a 37.000 desempleados

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha remitido una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para reclamar el abono de los 80 millones de euros que le correspondería recibir a la Comunidad este año, conforme a la distribución entre autonomías de los recursos previstos en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).

En la misiva, Amigo advierte de que este recorte de fondos estatales –que fue aprobado con el voto en contra de Castilla y León durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el pasado 1 de abril– privará de formación a 37.000 personas e impedirá la celebración de 2.650 iniciativas para la cualificación y reciclaje de desempleados y ocupados.

La responsable autonómica recordó al Gobierno que la formación del capital humano constituye «una herramienta indispensable para reforzar la competitividad del tejido productivo» y alertó de que será un «factor decisivo para garantizar una recuperación más rápida y justa», desde el punto de vista económico y social, y «más equilibrada y cohesionada, desde la óptica territorial, tras la crisis causada por la covid-19. Por este motivo, solicitó a la ministra que rectifique la decisión adoptada en abril y transfiera a Castilla y León los fondos comprometidos para formación.

La Consejería de Empleo e Industria estima que el recorte de 80 millones de euros compromete en primer lugar la posibilidad de realizar tanto una nueva convocatoria de la línea de formación orientada a desempleados, como de ejecutar la programación prevista con medios propios.

Esto implica que dejarían de impartirse 1.150 cursos –en los que de media participarían 130 entidades de formación– y que alrededor de 17.000 castellanos y leoneses sin un puesto de trabajo perderían la oportunidad de mejorar su preparación y, con ello, sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral.

En segundo término, la ausencia de los fondos previstos «tendría también un impacto sobre las acciones dirigidas a trabajadores ocupados», así como sobre los planes formativos para el desarrollo de funciones vinculadas al Diálogo Social y la negociación colectiva. «Estarían en riesgo 1.500 acciones, ejecutadas por 85 entidades, con una cobertura potencial de más de 20.000 beneficiarios», trasladó Amigo.

De igual forma, el recorte de 80 millones de euros a Castilla y León para la gestión de las políticas activas también afectaría, precisó la Junta, a la programación vigente en materia de formación para el empleo, puesto que obligaría al Ejecutivo regional «a hacer frente con fondos propios a determinados compromisos de gasto que fueron asumidos antes de conocer la decisión del Gobierno».

Ana Carlota Amigo recordó también a la ministra de Trabajo y Economía Social que el embargo de estos fondos impedirá a la Comunidad convocar este año becas y ayudas para atender los gastos de los desempleados que participan en acciones formativas.

Para finalizar, la consejera insistió en que minorar la financiación de las políticas de empleo que desarrollan las comunidades «implica menospreciar su contribución a la dinamización del mercado laboral y es injusto».