Los consejeros de la Junta no podrán repetir en la misma cartera más de ocho años

En la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía elaborada por el Gobierno regional ya se recogía que el presidente de la Junta no pueda ser propuesto para su reelección pasados ocho años en el cargo pero ahora, con la Ley del Alto Cargo cuyo Anteproyecto de Ley se ha aprobado ya en el Consejo de Gobierno, se extiende ese mandato a los consejeros de la Administración regional aunque se precisa que no podrán repetir más de ocho años en la misma cartera. No obstante, esta medida no será de aplicación durante la presente legislatura.

Además, y como consecuencia de la aplicación de esa ley, será obligatorio que los consejeros rindan cuentas de su gestión a la mitad de la legislatura. «Queremos imponer que los consejeros hagan una especie de debate de política general. Cuando finalice el segundo año, solicitarán su comparecencia ante la comisión que les corresponda en las Cortes, para informar del grado de cumplimiento de los objetivos fijados para la legislatura», ha detallado el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, encargado de presentar el Anteproyecto tras la reunión del Consejo.

La futura norma recoge 27 artículos en los que se regulan las incompatibilidades y obligaciones de los altos cargos del Gobierno regional así como las sanciones a las que someten en caso de incumplimiento. Además, se recogen algunos aspectos relacionados con las denominadas puertas giratorias.

Puertas giratorias

En este sentido, según la futura ley, durante los dos años siguientes a abandonar el puesto, los altos cargos no podrán prestar servicio privado en un sector en el que no tuvieran experiencia previa a su nombramiento ni podrán desempeñar una actividad que tenga que ver con la que han ejercido durante su paso por ese departamento Tampoco podrán ser contratados por empresas con las que hayan tenido relación durante ese periodo de tiempo.

En la norma se recoge además que se creará una Comisión de Ética Pública formada por miembros de la Administración regional y profesionales universitarios que se encargará de actualizar el código ético del alto cargo al menos una vez cada inicio de legislatura. Además será la encargada de incoar y resolver las posibles infracciones que cometan los altos cargos. El consejero ha insistido en que los miembros que forman parte de la misma, no percibirán ninguna retribución sin perjuicio de las dietas por desplazamiento que obtendrán solo los expertos (catedráticos y profesores de Derecho). Esta comisión será la encargada de decidir que se inicie la investigación ante un posible caso de incompatibilidad o cualquier otro delito, es decir, será instruido por la inspección general de Servicios pero será resuelto por la propia comisión.

Nombramientos e incompatibilidades

Respecto a los nombramientos, los altos cargos estarán obligados a presentar sus declaraciones de incompatibilidades que se colgarán además en el portal del Gobierno Abierto de la Junta, junto a su declaración anual del IRPF. Pero la novedad con esta ley es, según De Santiago-Juárez, que estarán obligados a presentar un certificado tributario en el que conste que están al corriente de pagos.

Por último, en el caso de que un alto cargo tenga que asumir una incompatibilidad sobrevenida, deberá solicitar el cese en un plazo de dos meses. Esto podría darse, por ejemplo, en los casos de una herencia inesperada que pudiera generar ese supuesto caso de incompatibilidad, según las explicaciones del consejero. En lo que tiene que ver con el conflicto de intereses, antiguamente llamado deber de abstención, los directivos no podrán participar en los asuntos en los que sus intereses puedan comprometer el ejercicio de sus funciones en calidad de intereses propios o familiares de hasta cuarto grado (cuñados, primos carnales, etc). Los altos cargos serán cesados cuando pese sobre ellos una sentencia firme o se les abra juicio oral por delitos contra la administración pública.

Como consecuencia de la aplicación de la futura Ley del Alto Cargo, se modifica también la de función pública en tanto en cuanto sigue asegurando que los altos cargos seguirán teniendo derecho a la reserva del trabajo que ostentaban y que había sido obtenido por concurso público, pero la novedad es que en caso de que fuese de libre designación (este puesto estaba bloqueado, se cubrían pero no de forma ordinaria) ahora perderán ese puesto pero se les creará otro nuevo del mismo nivel y en la misma provincia.

Debates electorales e iniciativa popular

En otro orden de cosas, la ley recoge además la obligación de realizar debates electorales durante la campaña en los que participarán los candidatos de los grupos políticos que tengan representación en las Cortes. Se realizarán al menos dos debates por campaña que organizará una comisión de periodistas de la comunidad.

Además se ha reducido el número de firmas ciudadanas necesarias para registrar una iniciativa popular en las Cortes. La cifra se ha fijado en las 15.000 para que «sea más fácil la participación». Además, los ciudadanos podrán participar en el debate en comisión y pleno de esos asuntos.

«Con esto cumplimos todos los pactos en materia de regeneración acordados con los grupos políticos y con Ciudadanos e incluso lo superamos», se ha felicitado finalmente el consejero de la Presidencia en un momento en el que, ha insistido, todo el mundo habla de regeneración. «Pero hay que hacerlo», ha puntualizado.