El presidente de la Comisión anti-pederastia destaca los avances logrados

Juan Antonio Menéndez, durante la rueda de prensa de este miércoles./
Juan Antonio Menéndez, durante la rueda de prensa de este miércoles.

«Ofreceremos a la asamblea de los obispos nuestras conclusiones y serán ellos quienes tendrán que aprobarlas», ha señalado Menéndez

EFEAstorga

El presidente de la comisión constituida por la Iglesia Católica para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores, Juan Antonio Menéndez (obispo de Astorga), ha destacado este miércoles los avances logrados contra estas prácticas y ha asegurado que sus miembros están satisfechos.

En una rueda de prensa para presentar la Delegación creada en la Diócesis de Astorga para la protección y acompañamiento de víctimas de abusos y en la víspera de la histórica reunión convocada por el papa para abordar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, el obispo ha asegurado que esta comisión está trabajando muy bien y sus miembros están «muy contentos» con los logros conseguidos.

«Ofreceremos a la asamblea de los obispos nuestras conclusiones y serán ellos quienes tendrán que aprobarlas», ha señalado Menéndez, quien, por otra parte, ha aprovechado su comparecencia ante los periodistas para defenderse de las criticas que levantó su nombramiento para presidir la comisión nacional contra la pederastia en la Iglesia al asegurar que nunca ha encubierto abusos.

Críticas

«Todas las denuncias que me han llegado han sido cursadas según los protocolos correspondientes de la Santa Sede», ha remarcado el prelado.

Las críticas contra Menéndez surgieron de las víctimas del cura José Manuel Ramos Gordón, a quien impusieron sanciones por abusos que fueron muy criticadas al considerarse muy leves en función de la gravedad de las acusaciones.

El pasado 16 de septiembre, el Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ordenó la suspensión en su ministerio durante diez años de Ramos Gordón de la Diócesis de Astorga, acusado de abusos sexuales cometidos hace 35 años en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora).

Durante los diez años de suspensión, el sacerdote debe residir en un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga, y después podrá vivir en la Casa Sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa.

Los hechos fueron cometidos entre 1981 y 1984 y se desvelaron después de que un exalumno denunciase en febrero de 2017 que había sido víctima de abusos cometidos por el sacerdote ahora apartado de sus funciones.

La sanción impuesta fue criticada tanto por víctimas como por diversos colectivos que exigían a la Iglesia más dureza e incluso su expulsión.

Con la mirada en Roma

Más polémica generó la sanción de un año impuesta a este mismo sacerdote por otros casos de abusos cometidos en el seminario de La Bañeza, de los que fueron víctimas casi una treintena de alumnos.

Menéndez ha señalado que desde que llegó a Astorga ha escuchado a todas las víctimas y ha actuado conforme a los protocolos, «primero haciendo la investigación previa y luego trasladándola a la Santa Sede».

«No he encubierto nada, lo que sí he hecho es respetar siempre la ley», ha remarcado el prelado, que ha calificado de «error» que quienes tuvieron conocimiento de esos abusos no los hicieran públicos en su momento.

Respecto a la postura que defenderá la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la reunión que este jueves comienza en Roma ha precisado que no conoce el cuestionario previo.

«Desde España lo que hemos aportado a la reunión de Roma es relatar cómo estamos y qué hemos hecho», ha señalado el obispo de Astorga.

Finalmente, ha proclamado que desde la Iglesia «el respecto a los menores y su dignidad es algo sagrado», y ha animado a todas las víctimas que denuncien sus casos.