Una nueva denuncia «fundada» contra Sánchez Cao por abusos a un menor obliga a la Diócesis de Astorga a retirarle del servicio

El Seminario de La Bañeza, lugar donde se cometieron los abusos./
El Seminario de La Bañeza, lugar donde se cometieron los abusos.

La Diócesis de Astorga comunica una nueva investigación sobre el sacerdote Sánchez Cao y anuncia el comienzo de la pena de Ramos Gordón, denegando el recurso que el religioso impuso ante el obispo, que consiste en la prohibición del ejercicio y el 'destierro' a un convento fuera de la diócesis

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Los casos de abusos sexuales contra menores relacionados con el Obispado de Astorga siguen apareciendo. En esta ocasión, los focos vuelven sobre Ángel Sánchez Cao, denunciado públicamente en febrero de 2017 por Emiliano Álvarez, uno de los seminaristas que pedía justicia: «esta no es mi mierda, es su mierda».

Este martes la sede de Astorga ha remitido un comunicado en el que se ha confirmado que tienen «noticias fundadas sobre otro presunto abuso del sacerdote a un menor en la misma fecha y lugar». Actualmente el sacerdote estaba siendo investigado por las denuncias de presuntos delitos de abusos a menores cometidos en el año 1980 en el Seminario de la Bañeza. Hasta el momento no se tenía respuesta de los indicios de la investigación, pero la aparición de un nuevo caso pone a la Diócesis de Astorga en el punto de mira.

Por su parte, el obispo ha asegurado a través de un comunicado que «se ha ordenado una investigación preliminar para esclarecer los hechos». Desde la Diócesis aseguran que tras «examinar las nuevas circunstancias» se le han impuesto al sacerdote cierta medidas cautelares.

Medidas provisionales

El sacerdote Ángel Sánchez Cao, denunciado por Emiliano Álvarez, seguía actualmente al frente de la parroquia de Veigamuíños, en el Barco de Valdeorras, donde estaba en contacto con los menores de la localidad ya que continuaba oficiando el sacramento de la comunión.

Tras conocerse los hechos la Diócesis de Astorga ha decidido imponer «medidas cautelares» a Sánchez Cao para «garantizar la libertad y el buen desarrollo de dicha investigación».

Entre otras medidas se ha tomado la decisión de apartarle de las parroquias y del ejercicio público del ministerio «así como la prohibición de mantener contacto con menores y con la presunta víctima». El obispo ha insistido también a través del comunicado que se trata de «medidas provisionales» y que en ningún caso «prejuzgan la culpabilidad o inocencia del demandado».

Ramos Gordón comienza su pena

En el mismo comunicado la Diócesis de Astorga también ha querido anunciar el comienzo de la pena del sacerdote José Manuel Ramos Gordón impuesta por abusos a menores.

La fecha que muchos ex seminaristas de La Bañeza esperaban, aunque en otras condiciones parece haber llegado. Este miércoles 2 de enero comenzará el retiro del sacerdote a un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga.

El sacerdote interpuso un recurso de reposición ante el obispo contra el Decreto penal en el mes de septiembre, pero según explica el comunicado de la Diócesis Ramos Gordón obtuvo «una respuesta negativa».

En este punto el sacerdote podría ejercer el derecho al recurso de alzada ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero al haber manifestado su negativa a realizarlo este dos de enero será desterrado de su actual residencia.

Ramos Gordón cumplirá la pena canónica que consiste en la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en público, así como residir durante un periodo de diez años en fuera de la diócesis de Astorga.

Años tras una condena

Los hechos saltaron en 2017 a la luz con un escándalo en la Diócesis de Astorga. El obispo Juan Antonio Menéndez apartaba en un primer momento de su puesto al sacerdote José Manuel Ramos Gordón, delegado de Patrimonio del Obispado de Astorga, por cometer abusos sexuales a menores durante el curso de 1988-1989 cuando desarrollaba su actividad como profesor en el Seminario Menor de La Bañeza.

El obispo de la Diócesis de Astorga, en aquel momento, heredó este caso, del que le informaron puntualmente tanto su predecesor, Camilo Lorenzo Iglesias, como los sacerdotes de la curia diocesana que han intervenido en el desarrollo del procedimiento.

Concretamente, el proceso arrancó tras la denuncia de uno de los exseminaristas que presuntamente sufrió abusos en una carta que remitió al Papa Francisco en noviembre de 2014 en el que alertaba de los abusos sufridos por el denunciante con él y algunos más cuando cursaba octavo de EGB.

 

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