El Gobierno niega el registro a los niños de vientre de alquiler

El Gobierno niega el registro a los niños de vientre de alquiler

La amenaza emitida en agosto se cumple con el rechazo a la inscripción del primer hijo de españoles por gestación subrogada nacido en Georgia

DOMÉNICO CHIAPPEMadrid

Debido al avance de una enfermedad genética degenerativa, a M. S., una mujer de 30 años nacida en Huelva, le practicaron un trasplante de los dos pulmones. No tenía hijos pero el embarazo dejó de ser una posibilidad para ella debido a su medicación. Decidió adoptar. Pero sus médicos le advirtieron de que nunca progresaría su petición, debido a la enfermedad. M. S. y su marido, el madrileño D. L., optaron por la gestación subrogada con material genético de ambos. Sus óvulos y sus espermatozoides, una vez fecundados, pasarían al útero de una mujer contratada, bajo las leyes del país donde se hiciera el tratamiento, para llevar a feliz término el embarazo. Primero fueron a Kiev, pero allí temieron intervenir a M. S. con la estimulación ovárica requerida. En Georgia sí se atrevieron.

El niño, al que bautizaron con un nombre que tiene la misma inicial que el de su madre, nació el 24 de diciembre. Ahí estaban sus padres biológicos, que empezaron los trámites para registrar al niño como hijo de D. L. y de su madre georgiana, la que lo parió y que las leyes nacionales estipulan com «madre». Enviaron el correo electrónico con la petición de cita al consulado de Ankara (Turquía), el más cercano a Georgia, donde España carece de representación diplomática. La respuesta tiene la fecha de la cita, para el 24 de enero, y un listado de requisitos, entre ellos acudir con un traductor. En un momento dado, el consulado, por acuerdo de ambas partes, adelanta la cita para el 21 y les dice que basta que con vaya el «promotor». De viva voz le comunican a D. L. que la inscripción consular será denegada.

Sin embargo, el padre se traslada a Ankara, acude a la cita, exige un documento. Primero le expiden un certificado donde aparece tanto él como M. S., la madre biológica, que no es reconocida, a diferencia del padre, como «madre». Siempre debe aparecer la gestante. En ambos países, es la ley. De hecho, en Georgia, donde el vientre de alquiler es legal y agencias y clínicas realizan un tratamiento, que incluye la contratación de la gestante, por unos 35.000 euros. La aceptación de la mujer se realiza en notaría y el documento especifica que es libre y voluntaria, asegura M. S., que contrató a la agencia SurroBaby. «Hay más de una veintena de bebés en camino», asegura Javier Cantero, director de la agencia.

D. L. obtiene así el primer documento emitido por una embajada española, dependiente del Ministerio de Exteriores, que comunica por escrito las razones por las que deniega la solicitud de inscripción en el Registro Civil del hijo de un español. El encargado de Asuntos Consulares en Ankara, Adrián Martín Couce, alega que aplica la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que «señala lo siguiente: será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante». Reafirma que la «filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto», como se hace ahora en ambos países, Georgia y España, y «queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto al padre biológico». De esta manera, M. no fue inscrito en el Registro Civil Consular de Ankara.

Este documento suma un nuevo capítulo a la falta de resolución por parte del Gobierno español para tomar medidas definitivas en uno u otro sentido. En agosto del año pasado, tanto en Georgia como en Kiev, los dos países donde es menos costoso realizar un tratamiento de gestación subrogada, ya se advertía a los padres y agentes españoles que no se registrarían los bebés nacidos por esta vía. Después de un par de meses de retraso en las citas, y de tener a unas cien parejas españolas a la espera en aquellos países, el Gobierno relajó la medida y reanudó las inscripciones. En aquella ocasión, el Ejecutivo dio dos argumentos distintos para la denegación de ese trámite. El Consulado en Kiev dijo que la ley de protección de datos le impedía cumplir un trámite obligatorio pero el ministerio de Exteriores les desmintió y argumentó que existía el riesgo de tráfico de niños. Ahora, según el documento de la Embajada española en Georgia, la cuestión de fondo está en la contratación de la mujer gestante.

 

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