«La experiencia universitaria en jóvenes con discapacidad intelectual los empodera»

Según Isabel Martínez, directora de programas con universidades de la Fundación Once, de los «7.000 becarios que han trabajado en la fundación solo dos tenían algún tipo de discapacidad intelectual». Esto evidencia el estado de cosas. A nivel general, solo un 5-6% de las personas con algún tipo de discapacidad consigue un título universitario. El número de personas con discapacidades intelectuales es mínimo. Tanto que no existen ni siquiera estudios al respecto.

Detalla la directora de programas con universidades de la Fundación Once que hace ya seis años que lleva en marcha el programa Unidiversidad, destinado a integrar a personas con discapacidad intelectual en la red de estudios. Empezaron colaborando la primera edición «unos doce centros y en la actualidad hemos llegado a 31 universidades», destaca. Participan 15 alumnos por centro, así que el próximo curso más de 500 jóvenes podrán acceder a esta experiencia universitaria. Colaboran tanto universidades públicas como privadas. En cuanto a territorios, todas las comunidades autónomas tienen algún centro participante, excepto Canarias, Asturias y Aragón. Desde la fundación Once quieren que estos jóvenes «tengan acceso a la universidad, por la experiencia que supone» ya que «así socializan entre iguales y esto a su vez los empodera». «Se produce un cambio de paradigma para ellos», según Martínez.

Las clases las imparten profesores universitarios con la adaptación adecuada y los alumnos se tienen que matricular al menos en 30 créditos anuales, obteniendo al final de la etapa educativa un título propio. Dice la responsable de la fundación Once que «ganan en autonomía porque empiezan a plantearse perspectivas profesionales». Al terminar tienen acceso a un periodo de prácticas y en torno a un 25% de estos alumnos es contratado de seguido. Muchos otros optan por presentarse a oposiciones que «suelen sacar». Desde la fundación han solicitado al ministro de universidades, Manuel Castells, que este tipo de planes se incluyan en la LOPSU- ley orgánica del sistema universitario-.

Uno de los grandes problemas de este colectivo en relación al acceso a estudios superiores es que rara vez terminan la educación secundaria obligatoria. Se mantienen en la red educativa hasta los 18 años pero muy pocos se gradúan. Además, comenta Martínez, en este nivel educativo aún existen muchos centros segregados. «Se deben tener profesores de apoyo dentro de la propia red pública y la educación especial segregada debería ser algo muy reducido, tal y como recomienda Naciones Unidas», expone. «Está demostrado, desde que se presentó en 1978 el informe Warnock en el parlamento británico, que los grupos son más productivos cuanta más diversidad hay» , comenta.

En este sentido da la bienvenida a la modificación introducida por la ley Celaa -LOMLOE- aprobada el 23 de diciembre de 2020. Por otro lado, asegura la responsable del proyecto que no se puede utilizar el posible acoso escolar como excusa para no integrar a los niños con discapacidad. «Lo que hay que hacer es construir un sistema inclusivo que elimine el 'bullyng'», concluye.