Cs presenta alegaciones al presupuesto de Ponferrada al considerar que la creación de cuatro nuevas plazas en la plantilla «no se ajusta a legalidad»

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ponferrada presentó alegaciones a los presupuestos municipales aprobados el pasado 22 de febrero al considerar que la creación de cuatro puestos de trabajo en el organigrama del Consistorio «no se ajusta a la legalidad». La portavoz de la formación naranja, Ruth Morales, entregó este viernes en el Registro del Ayuntamiento un escrito que recoge tres reclamaciones a las cuentas, donde señala que la creación de tres nuevas plazas de coordinadores y una de técnico en la plantilla municipal para el 2021 conllevará un coste superior a los 350.000 euros para las arcas municipales.

En ese sentido, Morales insistió en sus críticas a la libre designación de cuatro personas que pasarán a desempeñar cargos de coordinación y reiteró que estas plazas se usarán para que el equipo de Gobierno disponga de «comisarios políticos». Al respecto, recordó que el comité de empresa del Consistorio mostró sus «reticencias» a este tipo de contrataciones y reiteró la petición para que se supriman esas plazas. «Su creación no se ajusta a la legalidad vigente por cuanto vulnera lo dispuesto en la normativa legal de ámbito funcionarial y comporta un gasto totalmente innecesario en la estructura orgánica municipal», señaló.

Por otro lado, la portavoz de la formación naranja cuestionó la legalidad del presupuesto destinado a las funciones asumidas por el Ayuntamiento en materia de formación y empleo, tras la disolución del Instituto Municipal de Formación y Empleo (Imfe). Según Morales, el equipo de Gobierno no siguió a lo largo de ese proceso «los trámites exigidos por la legislación en materia de régimen administrativo y económico local».

Igualmente, Morales lamentó la existencia de una brecha salarial en la plantilla municipal. Al respecto, señaló que las mujeres componen «casi en su totalidad» el colectivo de funcionarias y trabajadoras de los servicios sociales y lamentó que estas empleadas municipales sufran «discriminación» al percibir retribuciones entre un 15 y un 52 por ciento más bajas que las de otros funcionarios y trabajadores del mismo grupo dentro del mismo Ayuntamiento.