El juzgado 13 de Barcelona lleva a juicio a 30 altos cargos de la Generalitat por el referéndum del 1-O

Carles Vives Pi i Sunyer y Santiago Vidal quedan fuera de la causa

CRISTIAN REINOBarcelona

Las consecuencias penales del 1-O son cada vez mayores. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el primer tribunal que abrió una causa contra el proceso secesionista y contra la organización del referéndum del 1-O, ha concluido la investigación, con la decisión de llevar a juicio a un total de 30 personas, de las 45 que estaban imputadas. Así, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha dictado este martes por la mañana auto de procesamiento en la causa abierta por los preparativos de la convocatoria de referéndum del 1 de octubre de 2017. Esta causa transcurre en paralelo con el juicio del Supremo contra los líderes del procés o el juicio en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos.

En la resolución, se recoge el procesamiento de 30 investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. La magistrada, que sustituyó en la instrucción de la causa a Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre del año pasado, ha fijado una fianza de 5,8 millones por responsabilidad civil para los procesados por malversación, «cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre», según el auto. «No prestar fianza supondrá el inicio del proceso de embargo de bienes», les advierte.

En total, son 17 las personas procesadas por malversación, todos ellos altos cargos de la Generalitat durante el 1-O, como Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat; Joaquim Nin, secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalitat; Jaume Clotet, director general de Comunicación del Gobierno de la Generalitat; Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; o David Palanques, responsable del área TIC del Departamento de Trabajo.

En la resolución, se recoge el procesamiento de 30 investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación

Según el auto, Antoni Molons, desde la secretaría de Difusión del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña «intervino activamente y encargó la campaña del Registro de Catalanes en el exterior». «Encargó y autorizó la adjudicación urgente de la campaña «Civisme», por la que compareció como testigo en el juicio del Supremo contra los líderes del 'procés'. Joaquim Nin, por su parte, «firmó el contrato relativo a un anuncio que contiene el texto ¿SI o NO? sobre un mapa de Cataluña en el que se promueve la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero». «Autorizó, a su vez, la adquisición de los dominios, entre otros, pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y catalanreferendum.eu. Tuvo conocimiento, por el cargo que ocupaba, de los procesos de adjudicación y adquisición de material, propaganda , publicidad, etc, relacionado con el referéndum del 1-O» según el auto de procesamiento.

Están procesados también, entre otros, Vicent Sanchis, director de TV3, y Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, en esta caso por un delito de desobediencia. En cambio, la investigación no ha arrojado indicios suficientes respecto de 15 investigados a los que la magistrada decide no procesar y levanta las imputaciones, entre los que se encuentran Carles Vives Pi i Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, o el juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal.

El papel de Vidal

Se da la circunstancia de que la causa investigada en el juzgado 13 de Barcelona se puso en marcha en febrero de 2017, meses antes de los hechos de octubre, por las revelaciones del exmagistrado y exsenador Santiago Vidal sobre los preparativos del referéndum y presuntas irregularidades en el proceso secesionista.

Muchos de los informes realizados por la Guardia Civil para el juzgado 13 de Barcelona, sobre todo los que tienen que ver con la organización del 1-O, sirvieron de base para procesar a los 12 acusados hoy sentados en el banquillo en el Tribunal Supremo. Entre otros, el documento Enfocats, que la Fiscalía utiliza como acusación en el juicio, pues supone una suerte de hoja de ruta hacia la independencia, así como también la agenda personal de Jové. El juzgado 13 fue también el que ordenó el registro de la Consejería de Economía el 20-S de 2017, el día de la manifestación supuestamente tumultuaria, o el que ha ordenado diferentes registros en las sedes de la ANC y Ómnium Cultural.

Torra amenaza con otro 1-0

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionado con máxima contundencia y ha lanzado una seria advertencia al Estado: «Si alguien cree que con ataques como éste, abandonaremos nuestro compromiso con la libertad, que pierda toda esperanza», ha señalado. Y ha avisado que la «única manera de frenar el autoritarismo y la ausencia de justicia» es «más democracia y más urnas».

El dirigente nacionalista ha reivindicado el 1-O y ha amenazado con su repetición. «Tengo la plena confianza de que los ciudadanos de Cataluña sabremos responder con la solidaridad, la firmeza y la determinación que ahora necesitan. Lo hicimos y lo volveremos a hacer», ha advertido. Y ha expresado su determinación a «avanzar en la consecución de los objetivos políticos que defendemos, es decir, la República Catalana».

A su juicio, el auto de procesamiento de 30 investigados «confirma la deriva autoritaria, la ausencia de independencia judicial y la persecución política en un estado de la Unión Europea». «La instrucción del Juzgado número 13 de Barcelona consolida el estado de excepción judicial a que se quiere someter una determinada ideología y un proyecto político, democrático y pacífico, como es la independencia de Cataluña», ha rematado. «Procesar responsables políticos por haber hecho lo que había sido comprometido en las elecciones con los ciudadanos es una aberración democrática y preocupante en la Europa del siglo XXI», ha insistido.

«El relato inventado de la violencia es el mismo falso relato de la malversación y del resto de delitos que se atribuyen a los procesados», ha reiterado Torra

Según Torra, la Generalitat «no ha sido perjudicada presupuestariamente» ni de ninguna otra manera por la organización del referéndum. Por ello, cree que las acusaciones que se hacen en esta instrucción son el resultado de la construcción de un «relato motivado por objetivos políticos». «El relato inventado de la violencia es el mismo falso relato de la malversación y del resto de delitos que se atribuyen a los procesados», ha reiterado.

Un proceso y cuatro tribunales

El proceso secesionista se está dirimiendo judicialmente en cuatro juzgados. El Tribuna Supremo está juzgando a los doce líderes del 'procés'. La Audiencia Nacional hará lo propio a la cúpula de los Mossos, entre otros al exmayor Josep Lluís Trapero, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará a los antiguos miembros de la mesa de la Cámara catalana, así como a una dirigente de la CUP, y el juzgado 13 de Barcelona ha procesado hoy a 30 exaltos cargos del Gobierno catalán y empresarios.

La razón por la que unos mismos hechos -la organización del 1-O- se instruye y/o se juzga en diferentes tribunales reside en que algunos de los procesados son aforados o lo eran cuando fueron encausados y también según el delito por el que son acusados. Así, por ejemplo Carme Forcadell, expresidenta de la Cámara catalana, está siendo juzgada por rebelión en el Tribunal Supremo, mientras que sus excompañeros en la mesa del Parlament serán juzgados por desobediencia en el TSJC.

Según defendió la Fiscalía, la causa contra los doce líderes del 'procés' se lleva a cabo en el Supremo porque «el corazón del ataque» de los encausados en este procedimiento, fue el orden constitucional y democrático, «y sus resultados afectaron a todo el territorio nacional». En el caso del auto de procesamiento de esta mañana sobre juzgado 13 de Barcelona, ninguno de los acusados es aforado. Y los delitos por los que se les acusa son malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación y no rebelión ni sedición.

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