Esquerra y Ciudadanos, a punto de llegar a las manos en la Cámara catalana

Los diputados de ERC y Ciudadanos Ernest Maragall y Carlos Carrizosa se encaran en el pleno de este jueves. / EP

El Parlament avala, con los votos secesionistas, la vía de la desobediencia institucional y pide la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña | El Gobierno anuncia que impugnará ante TC las resoluciones del Parlament sobre los presos y la Guardia Civil

CRISTIAN REINOBarcelona

La Cámara catalana regresó este jueves a septiembre de 2017. Un déjà vu que provocó que dos diputados, Ernest Maragall (ERC) y Carlos Carrizosa (Cs), a punto estuvieran de llegar a las manos. La tensión, que se elevó a crispación y casi a enfrentamiento físico vino motivada por la decisión del juez de la Audiencia Nacional de enviar a prisión a los siete CDR detenidos acusados de delitos de terrorismo.

La jornada ya se presentaba intensa, pero acabó de explotar en medio de las votaciones de las conclusiones del debate de política general. En ese momento, se conoció la noticia de que el juez había decretado prisión incondicional. La CUP intentó suspender la votación en apoyo a los arrestados, que calificó de «presos políticos». El presidente del Parlament, Roger Torrent, aclaró a los cuperos que la votación no podía suspenderse y los anticapitalistas decidieron abandonar el pleno. Quedaba poco para que finalizaran las votaciones.

A su término, las bancadas del Gobierno catalán, de JxCat y ERC se levantaron al grito de «libertad, libertad». El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, pidió la palabra, para mostrar su «pena» y «vergüenza» porque desde el independentismo se estuviera «jaleando a presuntos terroristas». «Me siento amenazado por todos los que amparan el terrorismo», dijo Carrizosa, quien fue expulsado por Torrent. Cuando bajaba las escaleras, se le acercó Ernest Maragall, con quien tuvo un duro enfrentamiento, cara a cara, y ambos apuntándose con el dedo índice.

Tras el pleno, Torrent convocó una reunión de la junta de portavoces, en la que se esperaba que la mayoría secesionista acordara un texto de apoyo a los detenidos y de rechazo contra los encarcelamientos. Para la CUP, este jueves comenzaba la respuesta de los soberanistas a la sentencia (aún desconocida) del Supremo contra los líderes del 'procés'. Ciudadanos por su parte se preguntó si Pedro Sánchez está esperando a que muera alguien para aplicar el 155.

Fue el colofón a un debate de política general muy crispado. Arrancó el miércoles con un tono elevado y concluyó este jueves con las votaciones más atropelladas que se recuerda. El independentismo aprovechó para seguir con su pulso al Estado. Tres días después de que agentes de la Benémerita detuvieran en diferentes localidades de Cataluña a nueve activistas de los CDR acusados de preparar atentados con explosivos, el Parlamento autonómico, con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes, aprobó una resolución que pide la «retirada» de la Guardia Civil del territorio catalán.

Un viejo sueño del nacionalismo catalán, que se ha escenificado estos últimos días en las manifestaciones que se han celebrado en diversas poblaciones catalanas para protestar contra las detenciones y en las que se han escuchado gritos como «pim pam, pum, que no quede ni uno» que hacía tiempo que no se oían o «fuera, las fuerzas de ocupación». «Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía», según el texto que aprobaron los independentistas.

Días después, el independentismo sigue sin desmarcarse de los detenidos e insiste en que se trata de un montaje para criminalizar al movimiento soberanista. Los diputados secesionistas escenificaron este jueves un apoyo cerrado a los detenidos. La Cámara catalana, con los votos de los tres grupos secesionistas, rechazó además una resolución de Ciudadanos que pedía la condena del terrorismo.

A pocos días para se conozca la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés', el independentismo elevó el tono y se reafirmó en la voluntad de buscar la confrontación contra el Estado. Los secesionistas avalaron la vía de la desobediencia civil y apostaron por trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O. Además, se conjuraron para «liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el ejercicio del derecho de la autodeterminación».

El Gobierno estudia los acuerdos para impugnarlos

El Gobierno anunció por la noche que está «estudiando el contenido» de las iniciativas aprobadas este jueves en el Parlament de Cataluña «para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones». En un comunicado, Moncloa advirtió de que estudia ya todos los acuerdos aprobados por la cámara catalana para impugnarlos.

«Ante las resoluciones aprobadas esta tarde por el Parlament de Cataluña, referidas al compromiso de la Cámara catalana a liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O; la que insta a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos con petición de amnistía total, así como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña, queremos trasladar que el Gobierno está estudiando su contenido para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones».

Puigdemont negocia con un sector de la CUP para el 10-N

JxCat y Front Republicà, la coalición que encabeza Albano Dante Fachín junto a Poble Lliure, el sector más nacionalista de la CUP, negocian una alianza electoral para los comicios del próximo 10 de noviembre. Un «frente unitario», según ha defendido Fachín (exlíder de Podemos en Cataluña). Pero que en realidad sería un pacto contra natura entre el centro derecha independentista y la extrema izquierda secesionista.

Hasta la fecha, solo Fachín había defendido esta alianza, pero este jueves JxCat se dejó querer. El acuerdo contó con el aval de Laura Borràs, actual portavoz de JxCat en el Congreso, y también de La Crida, el partido creado por Carles Puigdemont que preside Jordi Sànchez. Albert Batet, jefe de filas de los postconvergentes, admitió los contactos aunque precisó que aún «se tiene que ver si es posible» el acuerdo.

Puigdemont lanza así un órdago. Por un lado, a Artur Mas y a los dirigentes del PDeCAT, que se resisten a integrarse en JxCat disolviendo la formación. Y también a Esquerra Republicana, que sería la única formación independentista que se quedaría fuera del frente unitario y que podría ser acusada de no querer la unidad en el independentismo.

La jugada es arriesgada para JxCat, pues supone aliarse con los que mandaron a Artur Mas a la «papelera de la historia», y forzaron su dimisión en 2016 al negarle el apoyo para la investidura. Además dejaría a Esquerra todo el flanco moderado del soberanismo.

Front Republicà se presentó en solitario a las pasadas elecciones generales y obtuvo 113.000 votos, pero no consiguió ningún diputado. Los postconvergentes, por su parte, tienen siete escaños y Esquerra, 15.

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