La expulsión de los 52.000 inmigrantes de Vox costaría 190 millones de euros

Ese montante sale de extrapolar las cifras recogidas en los últimos informes oficiales que el Gobierno ha remitido tanto al Senado como al Congreso. En 2017 (último año disponible) el Estado gastó 12,6 millones de euros en el mantenimiento de los ocho centros de internamiento de extranjeros (CIES) y 2,2 millones en el alquiler de aviones para conseguir repatriar a tan solo 4.054 'sin papeles'. O lo que es lo mismo, cada irregular deportado costó a las arcas estatales 3.336 euros, solo contando con los gastos del centro de estancia y las aeronaves.

Pero es que más allá del extraordinario coste es que España no tiene la capacidad de expulsar a más inmigrantes por la falta de acuerdos con los países de origen. Según los últimos informes oficiales de Exteriores, solo hay convenios de devolución con 16 Estados de todo el planeta, entre los que se encuentran únicamente cuatro de los principales focos de inmigración: Marruecos, Mauritania, Argelia y Guinea Bissau. No hay con ningún otro país africano y con ningún Estado americano, aunque a este último continente sí que se repatría con acuerdos puntuales como a veces se hace con otros países también de manera esporádica.

Todo el aparato del Estado (que no una sola comunidad autónoma como propone Vox) en el decenio que va desde 2008 a 2017 'solo' pudo repatriar a 89.490 clandestinos a pesar de que las órdenes de expulsión fueron mucho más. Y las cifras van en disminución. Lejos queda 2009 cuando España batió su récord de 13.278 'sin papeles' expulsados, tres veces más que en 2017.

Con lo exiguo de estas cifras -explican responsables de la seguridad del Estado- se hace imposible siquiera imaginar llegar a un volumen de repatriaciones (y solo en Andalucía) de los 52.000 inmigrantes que propugna Vox, al margen de los problemas judiciales y legales que acarrearía un operativo que no tendría precedentes, siquiera cercanos, en la historia de España.

De la problemática de las expulsiones dan cuenta las últimas respuestas parlamentarias a varios senadores y diputados sobre los CIES. En 2017, año en el que llegaron irregularmente por tierra y mar a España 27.834 personas, únicamente hubo capacidad para internar en los CIES (incluida la cárcel de Archidona habilitada momentáneamente como centro) a 8.813 'sin papeles', todos ellos con sus correspondientes órdenes administrativas de deportación. De esa cifra, finalmente únicamente se pudo repatriar directamente desde los CIES a 3.041 personas, mucho menos de la mitad de los internados. Y la casi totalidad eran argelinos (1.238 inmigrantes) y marroquíes (1.376).

El último listado de los vuelos de repatriación de Interior también deja claro las dificultades de las expulsiones. Aunque en 2018 había irregulares de 85 nacionalidades diferentes en los CIES, España fletó solo catorce vuelos a nueve países (Costa de Marfil, Albania, Colombia, República Dominicana, Georgia, Ucrania, Nigeria, Perú y Senegal). En el último lustro la Administración, además de a estos nueve países, únicamente ha conseguido repatriar vía aérea a Pakistán, Serbia, Macedonia o Armenia.