Desahucian en un pueblo de Asturias a la mujer de un exminero leonés tras llevar 50 años de alquiler

María del Carmen García, con su contrato de arrendamiento./E.C.
María del Carmen García, con su contrato de arrendamiento. / E.C.

Tras su repentina muerte, 'Mari', como la conocen en el barrio, asumió el alquiler de un inmueble que compartió durante años junto a sus diez hijos y que ahora tendrá que abandonar forzosamente tras casi medio siglo

PABLO SUÁREZGijón | León

Hace casi medio siglo que Mina La Camocha le arrendó una de las viviendas del poblado minero a María del Carmen y su marido, leonés que por entonces comenzó a trabajar en el pozo como minero. Tras su repentina muerte, 'Mari', como la conocen en el barrio, asumió el alquiler de un inmueble que compartió durante años junto a sus diez hijos. Lo hizo con la garantía de que esa sería su vivienda de forma vitalicia, tal y como aseguró la empresa a todas las familias del poblado. Sin embargo, tras la quiebra de la mina y la entrada en juego de los administradores concursales, Mari, que ahora cuenta con 75 años, comenzó a recibir hace unos meses varias cartas en las que le comunicaban que por una serie de impagos procederían a su desaolojo.

Por desconocimiento de lo que ello implicaba, no fue hasta el tercer aviso escrito cuando sus hijos se enteraron de la situación. «Dicen que no había pagado el IBI y que por eso me iban a echar. Durante toda mi vida he pagado hasta el último euro del alquiler», asegura la mujer, que intentó abonar la cantidad que le reclamaba una vez conoció la situación. «Lo pagué y me lo devolvieron. Lo que ellos quieren es echarnos de aquí», clama quien ya ha sufrido dos ictus desde que comenzó el proceso de desalojo.

Un procedimiento que ya tiene marcada una fecha límite: el próximo lunes. Ese es el día marcado por el juzgado para ejecutar la orden de desahucio y sacar a Mari de su casa. «¿Qué voy a hacer yo ahora? Aquí está mi vida, mis recuerdos. Esto es por lo que peleó mi marido, que perdió la vida por la misma mina que nos arrendó esta vivienda», insiste, sin poder contener el llanto y mostrando constantemente el contrato de arrendamiento. «No voy a permitir que tabiquen esto. Si me quieren echar tendrá que ser muerta», advierte, con la fuerza de a quien no le queda ya nada que perder.

Declaración institucional

En lo que respecta a las ayudas que ha recibido, Mari dice no saber nada del equipo de gobierno, a quien pide encarecidamente que la ayuda a evitar el desalojo. «Que hagan lo que tengan que hacer, pero que no me echen de aquí. No es justo», implora.

En este sentido, la anterior Corporación llegó a involucrarse activamente en el conflicto. Los seis grupos municipales se comprometieron el pasado mes de diciembre con los afectados a tratar de, con todos los medios a su disposición, frenar unos desalojos que ya entonces se presumían inminentes. Lo hicieron a través de la firma de una declaración institucional en la que exigieron al juez la paralización del caso y la búsqueda de una alternativa que pudiese resultar satisfactoria tanto para los inquilinos de las viviendas como para la administración concursal de Mina La Camocha, propietaria de las mismas.

Pese a estos esfuerzos, a los que se suma una mediación vecinal que no ha cesado de trabajar y reunirse con la compañía para evitar los desalojos, la realidad es que el lunes, salvo noticia de última hora, Mari será obligada a abandonar el que ha sido su hogar durante toda una vida.