Accidente en la mina

La cúpula de la Vasco pide su libre absolución y defiende la calidad del sistema de seguridad del pozo Emilio

Víctor Fariñas y Antonio del Valle, a la salida de los Juzgados de León. /Campillo
Víctor Fariñas y Antonio del Valle, a la salida de los Juzgados de León. / Campillo

Antonio y Arturo del Valle insisten en que la causa del accidente fue imprevisible en cuanto «al lugar, al momento, la magnitud y sus consecuencias» y el vocal Aurelio del Valle ve un «error» su imputación | La presentación de los escritos de las defensas abre la puerta al señalamiento del juicio

A. CUBILLAS
A. CUBILLASLeón

El caso de los 'seis de la Vasco' podría llegar a los tribunales a lo largo del 2019. Al menos es la esperanza es la previsión o el deseo de las acusaciones después de que el pasado 28 de octubre se cumpliese un lustro del fatídico accidente que se saldó con seis muertos y varios heridos.

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Una instrucción de gran complejidad, durante meses, años, atascada en el Juzgado de León, que ahora parece llegar a su desenlace después de darse por cumplido el último trámite: la presentación del escrito de defensa de los 16 acusados que permitirá, una vez respuestas las posibles alegaciones, proceder al señalamiento del juicio.

Y no hubo sorpresa. Todos, sin excepción, solicitan su libre absolución. También los principales señalados por familiares y víctimas. Antonio del Valle, presidente de la Hullera Vasco Leonesa, Arturo del Valle, vicepresidente, y Aurelio del Valle, vocal, rechazan su culpabilidad.

En el escrito, al que ha tenido acceso leonoticias, muestran su «total disconformidad» con el relato de la Fiscalía, que solicita penas individuales de prisión de 3,5 años, y en el caso de Arturo del Valle –que presenta un escrito independiente- advierte que su imputación obedece «sin duda a un error».

Causa, imprevisible

En sendos escritos, los tres acusados señalan que desde el día del accidente la empresa puso todos los medios personales, técnicos y económicos para tratar de encontrar las causas del mismo y comprobar con la investigación exhaustiva todas las circunstancias.

Un escrito que basan principalmente en cuatro puntos. En primer lugar, la negativa que la causa del accidente fuese la caída de la bóveda del postaller, tal y como afirman las acusaciones particulares y la Fiscalía.

En su lugar, ven que la «causa técnicamente más probable» fue un fenómeno gaseo-dinámico o desprendimiento instantáneo de grisú, tratándose de un fenómeno «de naturaleza imprevisible en cuanto al lugar, al momento, la magnitud y sus consecuencias».

Penas

La Fiscalía responsabiliza a 15 personas del accidente para los que solicita una pena de 3 años y medio de cárcel así como indemnizaciones a las familias de los fallecidos de 1,105.000 millones de euros y más de 776.000 euros a los trabajadores que resultaron heridas, con cuantías que oscilan entre los 272.500 euros y los 24.550 según el grado de las secuelas

Los representantes legales de las familias de cinco de los seis fallecidos – José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Orlando González y Roberto Álvarez- solicitan penas que oscilan entre los siete y seis años de cárcel.

Los letrados de los heridos en el accidente solicitan penas de hasta seis años de prisión.

Seguridad de vanguardia

En segundo lugar, en el sistema de seguridad, advirtiendo que HVL tenía implantado un sistema con toda la dotación de medios humanos y técnicos preciosos, por encima de las exigencias, negando, como advierte el Fiscal, que hubiese quedado obsoleto tras 25 años sin ninguna renovación ni adaptación.

En este sentido, señalan que los trabajadores implicados en el accidente disponían de cursos de formación específicos para sus puestos de trabajo así como experiencia a la par que habían recibido información de los riesgos a los que estaban expuestos.

En los escritos de defensa además recuerdan que el pozo Emilio tenía asignado un delegado minero, encargado de inspeccionar todas las labores que se ejecutaban, que levantó cuatro actas desde la monta del taller hasta el accidente sin que se reseñara ninguna anomalía ni falta de medidas de seguridad.

A ello se suma un comité de seguridad y salud que realizaba inspecciones semanales, un vigilante de explotación, que disponía de un libro de relevos establecido para la comunicación entre los responsables del taller y que no recogió ningún incumplimiento de los protocolos y un vigilante de seguridad.

Es más, advierten de que a pesar de la crisis que atravesaba el sector minero, nunca se recortó el presupuesto de seguridad y que, en el marco de la actividad de riesgo que es la mina, HVL siempre se caracterizó por estar a la vanguardia en política de prevención y salud de sus trabajadores.

Precisamente por ello, continúa el escrito, en enero encomendó la elaboración de un informe de auditoría para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos para la explotación, sin detectarse incumplimiento alguno. Por ello, dan por cumplida la obligación de gestionar la política de seguridad.

Las claves

La juez responsabiliza a los 16 imputados de seis delitos de homicidio con imprudencia grave y ocho de lesiones por imprudencia.

No se paralizaron los trabajos ni se impidió el acceso al tajo pese a que se estaban trabajando en condiciones muy peligrosas, sin las adecuadas medidas de seguridad, poniendo en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores

El día del accidente el personal de seguridad no obligó a los mineros a utilizar el autorescatador, lo que provocó la muerte de alguno de los mineros

A las 13.24 horas del día 28 de octubre se registró un aumento «brusco» de metano por encima del 5%

La correcta colocación de los sistemas de ventilación hubieran evitado la privación de oxígeno de los accidente y, en consecuencia, que perdieran el conocimiento en 66 segundos

José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Roberto Álvarez y José Luis Arias fallecieron consecuencia de una oxipriva ocasionada por respirar en una atmósfera con una gran cantidad de metano.

En tercer lugar, advierten que no se justifica que no se contara con un proyecto de explotación aprobado por la Autoridad Minera al no ser necesario tras aprobarse un 'proyecto tipo' para toda la explotación y niegan que el sistema de ventilación fuese inadecuado porque cumplía con todas las prescripciones técnicas.

Cargo sin relación en el caso de Aurelio

Por último y en el caso exclusivo de Aurelio del Valle (vocal), la defensa se pregunta si por el mecho hecho de ser miembro del consejo de administración de la Vasco se justifica la imputación cuando «nunca ha tenido poder de representación ni le han sido delegadas funciones ejecutivas» por ningún contrato.

Por todo ello, Aurelio nunca ha sido representante de la sociedad, teniendo el presidente y vicepresidente todas las facultades del Consejo, siendo el único argumento que tendría las acusaciones para mantener la acusación sería la condición de Jefe de Personal. Sin embargo, continúa, su cargo tenía una «absoluta y total» falta de relación entre las actividades desarrollada por Aurelio.

En cualquier caso, la defensa de los tres acusados remarcan que la actuación de Antonio, Arturo y Aurelio del Valle «carecer por completo de relevancia penal» y por tanto no son constituíos del delito contra los derechos de los trabajadores, homicidio por imprudencia grave, de lesiones por imprudencia ni de ningún otro delito. Por todo ello, solicita su libre absolución.