La jueza da 24 horas a Villa para depositar 434.000 euros antes de embargar sus bienes

José Ángel Fernández Villa y Pedro Castillejo se sentarán en el banquillo de los acusados, aunque no se espera que lo hagan antes de que comience 2018. El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo emitió ayer el auto por el que se decreta la apertura de juicio oral contra el exsecretario general del SOMA, acusado por el sindicato que lideró más de treinta años de apropiarse de forma indebida de unos 434.000 euros, y contra quien fuera máximo responsable del Infide (Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales), ente vinculado a la citada organización sindical que le reclama ahora cerca de 120.000 euros.

La magistrada Simonet Quelle Coto no ha atendido a los insistentes requerimientos por parte de las defensas de ambos acusados para tratar de retrasar el cierre de la instrucción. Tanto Ana Gacía Boto, abogada de Villa, como Alfredo García López, representante legal de Castillejo, le reclamaron a través de duros recursos que esperara, para dar el carpetazo definitivo a esta fase previa al juicio, al dictamen de la Audiencia Provincial en relación a la solicitud de las numerosas pruebas documentales y testificales solicitadas por ambos en el último momento y que la jueza instructora rechazó al considerarlas impertinentes.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 no sólo ha decretado la apertura del juicio oral sino que también ha atendido la petición de la acusación -que ejerce el SOMA a través de los letrados Miguel García Vigil y Luis Llanes, del bufete Ontier- de fijar como fianza para ambos investigados la cuantía íntegra que les reclama el sindicato. Esto es, 434.158 euros para José Ángel Fernández Villa y 119.434 para Pedro Castillejo.

Los acusados disponen de un día de plazo para abonar este dinero desde que sean notificados personalmente en su domicilio y, tal y como advierte el auto, en el caso de no atender este requerimiento, se les embargaría «bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».

Además de la oportuna indemnización al SOMA para devolver el dinero presuntamente apropiado, el Ministerio Público solicita para el exlíder sindical una pena de cinco años de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de 150 euros, mientras que para Castillejo pide por el mismo delito de apropiación indebida tres años y medio de prisión y una multa con cuota diaria de 30 euros. La acusación que ejerce el SOMA eleva esta solicitud de cárcel hasta seis años para Villa, con multa de doce meses con cuota diaria de 180 euros, y pide pena de prisión de cinco años para Castillejo, para el que reclama multa de diez meses con cuota diaria de 140 euros.

Pese a la agilidad con la que la magistrada cerró la instrucción y decretó la apertura del juicio oral una vez que el pasado mes de marzo el principal acusado, José Ángel Fernández Villa, acudió a declarar en sede judicial (más de un año después de que fuera citado por primera vez, puesto que durante todo este tiempo alegó motivos de salud para justificar su no comparecencia) fuentes judiciales ven complicado que el juicio pueda comenzar este mismo año. Una vez decretado la apertura del juicio oral, quedando como órgano competente la Audiencia Provincial, resta que los acusados presenten sus correspondientes escritos de defensa.