UPL pide a la Junta implicarse ante el ERE planteado por Alcampo que afecta a León
La formación leonesista ha pedido explicaciones a la Junta por su «inacción» ante un ERE que plantea «reducir empleos en hasta 18 establecimientos de esta cadena de supermercados en Salamanca, Zamora y León»
El reciente Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Alcampo, que contempla despidos de trabajadores en provincias como León, Salamanca y Zamora, ha sido objeto de debate este martes en las Cortes autonómicas, donde Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido a la Junta que «actúe» sobre esta problemática para «evitar la pérdida de empleos que conllevaría este ERE en provincias como las tres de la Región Leonesa».
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El pasado 8 de mayo Alcampo anunciaba su intención de prescindir de 710 de sus trabajadores en España, habiendo trascendido que 18 de los establecimientos de esta cadena en la Región Leonesa se verán afectados por el ERE en cuanto a despidos, situados en Béjar, Bembibre, Cistierna, León, Ponferrada, Salamanca, San Andrés del Rabanedo, Toro, Villablino y Zamora, siendo las ciudades de Salamanca (con 6 supermercados afectados), León (con 3) y Zamora (con 2) los municipios más afectados en la Región Leonesa.
Por ello, el procurador de UPL, José Ramón García, ha pedido en el pleno de las Cortes de este martes a la Junta que «se implique» para evitar despidos en provincias como León, Salamanca y Zamora, al ser el ERE planteado por Alcampo «una cuestión que afecta gravemente al empleo, a la economía local y, en definitiva, a la dignidad de muchos trabajadores, hombres y mujeres de la Región Leonesa y también de la castellana».
Según señaló el procurador leonesista, este problema «no ha recibido aún la atención política que merece», apuntando que las regiones de León y Castilla son, con diferencia, «las más afectadas por el ERE», al sumar en conjunto 43 de los establecimientos incluidos en el proceso, representando con ello más del 60 % de los despidos previstos, por lo que consideró que la situación es «crítica».
De este modo, el procurador de UPL consideró «preocupante la inactividad de la Junta en este escenario», recordando que no ha habido una comparecencia oficial, ni un plan de respuesta autonómico ni una mínima voluntad de mediación o de apoyo a los empleados, por lo que apuntó que echa en falta «no solo gestión, sino sensibilidad política», señalando que «es especialmente doloroso cuando estamos hablando del sustento de familias enteras en territorios ya castigados».
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