Un técnico de menores denuncia que la Junta abarata el centro de León con «personal menos cualificado»

Trabajar con niños y niñas como los que pasan por la Residencia de Protección de Menores Suero de Quiñones en León ya resulta una tarea complicada y, según cuenta uno de sus trabajadores, se ha hecho aún más difícil desde que en julio de 2023 entró en vigor en el nuevo Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de esta.

Javier García, Técnico de Atención al Menor en Institución (TAMI) en uno de los siete centros de la Junta en la comunidad, el único en León, cuenta como «despidieron a varias compañeras y a los que no, nos cambiaron de categoría. Yo siempre he sido TAMI -grupo II-, vivo en Palencia y trabajaba en León los fines de semana - treinta horas de viernes a domingo-. Me pusieron a trabajar como Técnico del Menor -TM-, que es para trabajar de lunes a viernes -siete horas cada día-. Y los educadores que libraban fines de semana, pues ahora no. Las vacaciones se las han cambiado de forma unilateral».

Este trabajador ha denunciado en dos ocasiones a la Junta y en ambas ha ganado, como así demuestran las sentencias que ha hecho llegar a Leonoticias: «Gano sentencia firme en el TSJCyL. Pero sigo siendo TM, me modifican algo por si cuela, pero vuelvo a denunciar. Y vuelvo a ganar. Y vuelve a pasar lo mismo. Tengo dos sentencias firmes que se incumplen por lo que tengo que pedir ejecuciones de sentencia». Javier García cree que el motivo es el proceso de estabilización inminente que se acerca y que no quieren que «haya un ejemplo con mi caso».

La réplica de la Junta la da Juan Antonio Orozco, gerente de Servicios Sociales en León: «Más allá de la disconformidad de este trabajador, está todo aprobado y firmado por los sindicatos mayoritarios y todos se tienen que adaptar a ello». Sobre las sentencias asegura que no son firmes porque no se ha ejecutado ninguna de ellas y que la cuestión la llevan los equipos judiciales de la consejería.

Juan Antonio Orozco explica que el proceso de estabilización al que se refiere Javier García se va a ejecutar «como es normal, con las categorías recogidas en el convenio vigente que se ha elaborado teniendo en cuenta el interés superior del menor».

Ese convenio unifica cuatro categorías, TAMI entre ellas, dentro de la figura del Técnico del Menor en ese grupo laboral II; y creó otra, TAM, del grupo III. Según Javier García, una «forma de crear confusión» con un texto que no todos los sindicatos firmaron. Lo hicieron los mayoritarios (CCOO, UGT y CGT), mientras que otros como USO y CSIF no lo hicieron, e incluso denunciaron lo que «ocultaba».

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han aplaudido las decisiones judiciales sobre este caso porque «la Junta ha pretendido imponer al trabajador afectado, que tenía su jornada especial de viernes a domingo -prevista y reconocida en el convenio laboral anterior- a pasar a la semana laboral ordinaria. Esta reclasificación, que alteró las condiciones laborales de algunos trabajadores de centros de menores de la comunidad, facilitó además, el despido de 25 trabajadores, tres de ellos en León».

Por otra parte, CSIF denuncia que la Junta no ha cumplido el plazo de la realización de todas las reclasificaciones pendientes del personal laboral, que el propio convenio establecía para el primero de enero de 2025. «No sabemos cómo piensa hacerlo la Junta, cuándo, ni qué complementos económicos aplicará», subraya el sindicato independiente. Una de las justificaciones de CSIF, para no firmar el convenio, fue que una veintena de categorías laborales quedaban sin reclasificar, al bajar su nivel de titulación exigido.

La sentencia, concluye CSIF: «Confirma las prácticas abusivas de la Junta en un convenio del personal laboral plagado de errores, que denunciamos en su día, motivo por el que no firmamos, y que perjudica a numerosos trabajadores». Postura que no comparten desde la Junta, que defienden que «no hay ninguna sentencia que diga que es ilegal y que ningún juez lo declararía así porque es legal y cuenta con el apoyo de la mayoría de los representes de los trabajadores».

El gerente de Servicios Sociales en León confirma que «se llegó a un acuerdo con los tres sindicatos mayoritarios para unificar a varios empleos de grupo II, como los TAMI, en uno sólo: Técnico del Menor, todos con titulaciones universitarias; y crear una figura de apoyo, los TAM, con el grado superior de FP en Integración Social».

«Los sindicatos lo firmaron, no todos», confirma Javier García, que entiende que los que lo hicieron «pensaron que no iba a haber despidos pero sí que los ha habido. Yo llevo 18 años en mi trabajo y ahora, por el nuevo convenio, todos seremos TM. Ahora que está la estabilización cerca te ponen en otra categoría. Despide, jubilan y a los que no se vayan con estas condiciones dejarán el grupo II y con el tiempo los meterán en el III».

Aquí es donde, según comenta Javier García, reside uno de los problemas y que la motivación de la Junta es meramente económica: «Ahora mismo hay, en el mismo centro, gente del grupo II y del III haciendo lo mismo. Nosotros somos licenciados o graduados universitarios que hemos estudiado Psicología, Trabajo Social o Educación. Un integrador de FP no puede dar apoyo emocional, por ejemplo».

Este trabajador cuenta también otro caso cercano: «A mi compañera de turno la echaron y lo declararon nulo. Como es obligatorio la readmitieron, pero cambiaron la relación de los puestos de trabajo y la volvieron a despedir. Por ello, toda la relación de puestos de trabajo está impugnada ante la justicia. También se ha solicitado impugnar todo el convenio colectivo porque es discriminatorio», comenta Javier García.

Una queja que no comprenden desde la Junta, que no hablan de despidos y que informan de que, como en el caso de Javier, casi todos estos «trabajadores empezaron como temporales, con una interinidad eterna porque no se han convocado oposiciones, y que ahora pasarán a tener contrato indefinido por un proceso de consolidación totalmente normal».

La queja de este Técnico de Atención al Menor en Institución -TAMI-, ahora reubicado como Técnico del Menor -TM- no está en pedir que desaparezca esa figura del TAM -Técnico de Apoyo al Menor-, si no en que la de TM no empeore a las que desaparecieron y que no sea un paso previo para que aquellos con estudios que y preparación para un trabajo de grupo II acaben todos el escalón inferior haciendo «supuestamente» las misma funciones: «Aquí hay menores con muchos problemas que hay que detectar: consumo de alcohol o drogas, abusos sexuales, violencia… Alguien de FP, de ocio y tiempo libre, no es suficiente para esta tarea. Son menores que pueden acabar en la cárcel por no hacer bien este trabajo, por hacerlo barato».

Juan Antonio Orozco defiende que con el nuevo convenio «no se ha perdido calidad de servicio», y que la inclusión de los TAM está totalmente justificada para cubrir labores de las residencias que pueden hacer.

Por contra, continúa Javier, «son niños y niñas» están en desamparo porque no pueden vivir con sus padres por muchos temas como drogas, cárcel, trastornos…; ni con su familia extensa; y si no hay familia de acogimiento, porque no hay suficientes, entonces están estas residencias de protección».

Añade que el problema que él y sus compañeros titulados ven es que el «peso de las decisiones» recae ya en profesionales que no están preparados para ello: «De grupo II ya sólo estamos diez y de grupo III ya hay 19. En la práctica esto supone que en el Consejo Técnico son mayoría y que pueden imponer su criterio en materias como la coordinación educativa o sociopedagógica».

Algo que desde la Junta se desmiente categóricamente porque «cada grupo profesional tiene bien definido en el convenio colectivo cuáles son sus competencias» y que «por encima de todos ellos hay un director y un subdirector en cada centro que son quienes toman las decisiones organizativas». Comenta también el gerente de Servicios Sociales que «es totalmente compatible que haya TM y TAM en el mismo centro, y que haya más de unos que de otros es por temas organizativos. No les da más poder a unos porque sean mayoría respecto a los otros».

Juan Antonio Orozco añade además que «esta problemática» es un caso particular en el centro de León, que «siempre ha estado bajo una amenaza nada real de cierre». Tanto es así, comenta el gerente de Servicios Sociales en la provincia, que «se ha pasado de una capacidad de veinte menores a poder dar servicio a 36 niños y niñas». Es por eso, asegura, «que se han incorporado once nuevos Técnicos de Apoyo al Menor -TAM- para cubrir todas las necesidades.

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