PP y Vox rechazan una PNL socialistas para «resolver» el conflicto laboral de Itevelesa

Tal y como ha expuesto la procuradora en su intervención, la propuesta ha recogido «las peticiones del propio colectivo de trabajadores», quienes conforman una plantilla de más de 500 personas y actualmente manifiestan sus quejas sobre la falta de personal para la prestación de un servicio de calidad. «El pasado 16 de mayo, comenzaba un nuevo momento de huelga y movilizaciones de los trabajadores del grupo», ha recordado, «denunciando la situación de no cobertura de las bajas, períodos de vacaciones y una mala planificación del servicio».

Sacristán ha señalado cómo la empresa «ha ido cambiando de propietarios hasta terminar en accionistas de fondos de capital, con fines exclusivamente recaudatorios». «Al tener limitada su tarifa, la única manera de intentar obtener un mayor beneficio es a través de reducir los costes salariales, limitando el número de trabajadores de la empresa», ha denunciado.

«Los procedimientos de inspección de vehículos han cambiado a lo largo del tiempo, haciéndose cada vez más complejos y amplios, lo que ha supuesto que los tiempos de duración de las inspecciones hayan aumentado exponencialmente», ha apuntado, recordando cómo los usuarios tienen que esperar hasta tres y cuatro semanas para obtener la cita previa y realizar la inspección de sus vehículos, con colas de tres y cuatro horas durante la realización de la misma.

Para la procuradora, «el deterioro de este servicio público es más que evidente», poniendo de relieve la existencia de «una presión cada vez mayor» en la plantilla, la cual pone en riesgo la calidad y la seguridad en la inspección de vehículos de los usuarios y usuarias, quienes «no entienden cómo esta empresa está prestando un servicio público obligatorio, en régimen de concesión, con tiempos de espera excesivos y citas de más de un mes».

Yolanda Sacristán ha recordado cómo el Grupo Parlamentario Socialista ya solicitó a la Junta, en la pasada legislatura, la intervención del Gobierno autonómico para reducir los tiempos de espera, demandando incluso la «creación de nuevas estaciones de inspección de vehículos», una propuesta que, como la de ahora, también fue rechazada. «La situación no es nueva», ha lamentado, «ya ha habido conflictos en 2007, 2011 y 2015. La Junta de Castilla y León debe involucrarse de lleno para encontrar una solución».

Este martes, los parlamentarios socialistas se han encontrado con la oposición del PP y Vox a la hora de solicitar que «el servicio de la ITV cuente con una plantilla adecuada», para poder «prestar un servicio digno y sin esperas». Tampoco han encontrado apoyo a la hora de demandar que «se revise un contrato demasiado antiguo, que no está acorde a las necesidades actuales, garantizando su cumplimiento por parte de la concesionaria y exigiéndola que cumpla con el personal mínimo fijado».