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El PP de León advirtió este miércoles de que los últimos datos del paro, conocidos este martes, hacen presagiar «enormes nubarrones para la economía nacional». Los 'populares' lamentaron en particular que en la provincia de León las listas del paro hayan registrado durante el mes de noviembre 14 nuevos desempleados al día y consideraron que esta situación es «la demoledora consecuencia de los más de 18 meses de parálisis del Gobierno de Sánchez».
En ese sentido, criticaron que «lo único que tiene claro el PSOE hasta el momento es cuáles son sus socios preferentes para la legislatura que acaba de comenzar» y reclamaron que se recupere la actividad gubernamental normalizada, con políticas económicas que aporten tranquilidad a los inversores. Al respecto, los 'populares' leoneses recordaron que, según se supo ayer, la Seguridad Social cerró el mes de noviembre con un descenso de 53.114 afiliados y que el paro subió en 20.525 personas.
Según destacaron, este aumento en las listas del desempleo supone la mayor alza en este mes desde 2016. En la misma línea, los 'populares' señalaron que los datos también reflejan una caída de la contratación indefinida del 13,14 por ciento, una cifra que contrasta, apuntaron, con el último mes en el que el PP estuvo al frente del Gobierno, cuando esta magnitud creció un 19,62 por ciento.
Por otra parte, tras la constitución de la Cortes celebrada ayer, en la que tomaron posesión los diputados y senadores del PP por León, Carmen González Guinda, Antonio Silván y Javier Santiago, los 'populares' registraron una proposición de reforma del Reglamento del Congreso para detallar la forma en que se ha de prestar el juramento o la promesa de acatamiento de la Constitución.
En ese sentido, la propuesta pide que se límite a un «sí, lo juro» o «sí, lo prometo», sin que pueda preceder ni proseguir ninguna otra expresión a dicha afirmación que vacíe, limite o condicione su sentido propio. Al respecto, los 'populares' pidieron que el reglamento fije la forma exacta en la que se ha de prestar el juramento y advirtieron de que las «malas prácticas» pueden derivar en alteraciones, fraudes de ley o interpretaciones sesgadas de la jurisprudencia constitucional.
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