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Ha sido un trabajo de cinco años que ha visto la luz por fin en el Boletín Oficial de Castilla y León. 86 municipios leoneses pueden contar ya con el documento que actualiza sus normas de desarrollo urbanístico.
Junta y Diputación de León han sacado adelante el convenio firmado en 2017 por el que aportarían sus propios medios para elaborar una normativa que se ajustar a cada uno de los ayuntamientos que carecían de dicho catálogo y que les obligaba a trabajar con documentos del año 1991.
El presidente provincial, Eduardo Morán, ponía en valor que serán ahora los ayuntamientos quienes puedan decidir su futuro sobre el territorio. «Había que definir los tres tipos de suelo para evitar conflictos que pudieran surgir entre propietarios que quieran desarrollar su actividad en materia agrícola o industrial y no tenían claros los criterios técnicos y dónde se puedan ubicar las mismas».
La institución reunía en el Instituto Leonés de Cultura a los alcaldes de los municipios afectados por la nueva normativa y les pedía que «tomasen buena nota» del documento para su estudio y presentar las aportaciones y alegaciones oportunas «pata tener las mejores normas».
Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ensalzaba la labor «muy importante» para el desarrollo económico y del medio rural.
De los 211 municipios con los que cuenta León, solo nueve contaban con un Plan General de Ordenación Urbana y otros 116 con normativa urbanística municipal. Existían otros 86 que no tenían ningún tipo de instrumento para la regulación de su territorio. «Se basaban en normativa de 1991 y era obsoleta, antigua y no se adaptaba a los nuevos tiempos». Esos 86 municipios suponen el 40 por ciento del territorio de la provincia y reúnen a más de 32.000 vecinos.
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Para corregir esta situación se han elaborado 86 documentos con la cartografía, identificación del territorio, el terreno industrial, de protección urbana o común con el que cuentan y se han hecho las actualizaciones que den «seguridad jurídica al territorio y al ayuntamiento» a la hora de captar nuevos proyectos.
La presentación pública a los alcaldes establece tres meses para aportar alegaciones y que esto sea «un trabajo entre todos» para que en el segundo semestre de 2023 entre en vigor la normativa «que ha lastrado iniciativas empresariales, algo que no nos podemos permitir», señalaba el consejero.
En Castilla y León esta situación afectaba a 1.200 municipios y ha obligado a un «trabajo enorme» durante cinco años para dotar a todos los ayuntamientos de estas nuevas normas de desarrollo urbanístico.
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