Izquierda Unida León solicita información a las Cortes sobre los incendios y la reforestación

Así, la organización ha afirmado que «dentro de las tareas de reparación del terreno, adquisición de planta y plantación, la instalación de protectores y otro tipo de obras complementarias, como el cerramiento, la creación de vías de acceso o la instalación de cortafuegos y/o puntos de agua, no se ha hecho público qué empresas poseen las concesiones para estas ni los contratos firmados, no conociendo nombres, cláusulas, tiempos ni el modo de actuar que se planea seguir, cuando debería ser una información pública para todos y todas. Además —continúan— también se debería notificar el presupuesto que ha destinado desde la Junta y cuánto de este ha concedido el Gobierno central.»

En esta línea, han resaltado en el propio argumentario que «la Orden FYM/399/2015, de 12 de mayo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, aún vigente, establece, entre otros elementos, que «durante los cinco años siguientes al pago final de la ayuda de forestación, no [se ha de] realizar ni permitir por acción u omisión un cambio en la propiedad que proporcione a una empresa o un organismo público una ventaja indebida o un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la forestación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales [...]», por lo que es necesario conocer qué empresas llevarán a cabo el trabajo y cuánto presupuesto se destina a cada una.

Carmen Franganillo, coordinadora local, ha querido incidir en que «solamente el 10% de los incendios han ocurrido por causas naturales, siendo el 90% restante de origen antrópico, mientras que es sabido que alguna empresa ha sido responsable de otros incendios, como es el caso de la empresa de reforestación Land Life y el incendio este verano de Ateca (Huesca). De este modo, creemos que es primordial que la ciudadanía conozca quiénes se van a beneficiar de este tipo de contratos y si esta empresa está incluida entre ellos, así como si ha realizado servicios en la comunidad o tiene contratos con la propia Junta de Castilla y León después de dicho suceso.»

La organización ha querido terminar haciendo hincapié en que «es primordial el llevar a cabo un plan de prevención durante todo el año (ante posible escasez de lluvias, altas temperaturas...) que proteja los montes, así como conocer, de los millones que se iban a destinar según el presupuesto anual previsto (Decreto 55/2002 de 11 de abril), cuántos se han asignado a ello.»