El Gobierno levanta las barreras de las autopistas mientras León aún debe esperar al 2050

Cuando se levanten las barreras, el próximo 1 de diciembre, el tramo burgalés de la AP-1 entre Burgos y Armiñón quedará liberado. Tornará en una autovía más de la red estatal, libre y gratuita, al menos mientras España no se plantee incorporar medidas de cobro de tránsito por este tipo de vías. Sin embargo, y pese a que la liberalización de la AP-1 será una de las noticias más importantes del año para Burgos, el fin del peaje tiene una relevancia que trasciende al ámbito provincial.

En la medianoche del 30 de noviembre, la AP-1 se convertirá en el espejo en el que se mirarán otras autopistas cuya concesión está próxima a expirar, como la AP-7 Alicante-Tarragona y la AP-4 Sevilla-Cádiz. El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que, si bien se apuesta por revisar el modelo de gestión de las carreteras españolas, que combina vías de pago y gratuitas, su intención es no renovar las concesiones que finalicen durante este mandato provisional.

Y ahí está una de las claves. Si Sánchez no convoca elecciones hasta otoño de 2020, fecha que se había manejado hasta ahora, el 1 de enero de 2020 quedarían liberalizadas la AP-1 y la AP-4. De lo contrario, si hubiese un adelanto electoral, con ese superdomingo del 26 de mayo de 2019 del que se ha hablado recientemente, quedaría en manos del nuevo Gobierno decidir el futuro de las autopistas españolas.

Frente a ese mapa liberalizador y liberalizado otras provincias de la Comunidad, como León, siguen 'encorsetadas'. Según el contrato de concesión, la Autopista León-Astorga (cuyo trazado apenas supera los 37 kilómetros con un coste de 5,05 euros) verá acabar el acuerdo en 2050. Todo ello en una infraestructura en la que trabajan 46 empleados fijos y un número de contratados por ETT variable (en la actualidad, son cerca de siete los trabajadores en este régimen).

Si toca mirar al peaje del Huerna (León-Asturias) el año del fin es el mismo (2050), pero existe una salvedad: que los socialistas, ahora en el Gobierno, no han tardado en recordar. Fue el Ejecutivo de José María Aznar el que tomó la decisión de prorrogar en 2002 esta concesión, de forma que se extendiera hasta octubre del año clave.

En esta autopista trabajan en la actualidad 80 empleados fijos y quince eventuales, según los sindicatos y Aucalsa. La concesionaria calcula que obtendrá 3.447 millones de euros en ingresos por el peaje, a los que restar 255 de inversiones de reposición y 712 de gastos financieros en el presente ejercicio. Con los números en la mano, no parece sencillo que el Gobierno socialista pueda cambiar en las autopistas leonesas la realidad actual.

Los usuarios de las autopistas de pago que discurren por la provincia de Segovia tendrán que esperar a la supresión de los peajes. Lo peor es que desconocen la fecha exacta en la que ya no les tocará pagar por circular por la AP-6 (Villalba-Adanero) y por las conexiones de esta con Ávila (AP-51) y Segovia (AP-61). Si es que ese día llega, después de la matización que hizo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a sus propia declaración de intenciones de liberalizar las autopistas de pago de España.

La actual adjudicataria de estos corredores segovianos es Castellana de Autopistas, que desde el 30 de enero de este año se hace cargo de la conservación y explotación de la AP-6, amén de ser la titular de los otros dos ramales, tal y como figura en el informe elaborado por el Ministerio de Fomento sobre estas infraestructuras viarias. Ese estudio se asienta sobre los cimientos de los números transmitidos por las propias compañías al Estado y solo registra datos sobre las autopistas en España hasta 2016. Sin embargo,refleja bien a las claras el negocio de subir y bajar las barreras de peaje, ya que los ingresos obtenidos a partir de pasar por caja por el hecho de circular por ellas han crecido mucho más que el volumen de usuarios.