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Concentración de los funcionarios de prisiones a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en León. José Mendonza

Los funcionarios de Villahierro rechazan ir al trabajo «para que nos peguen» y exigen más personal

Cerca de una veintena de trabajadores de la prisión leonesa se concentran ante la Subdelegación para reclamar el refuerzo del 34% de déficit en la plantilla y exigir la declaración de agente de la autoridad ante la espiral de violencia que ha llevado al centro a registrar una agresión cada mes

Miércoles, 10 de noviembre 2021, 13:23

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El sábado, a una trabajadora de la prisión de Logroño le sacaron dos dientes de un golpe; la semana anterior, a un funcionario de la de Cuenca le cortaron el cuello. Así, hasta una media de una agresión al mes, y eso sólo en la cárcel de León.

Es por ello que los funcionarios de prisiones han vuelto a salir a la calle, esta vez ante la Subdelegación del Gobierno, para reclamar más personal y disponer de más medidas disciplinarias para castigar estas acciones violentas.

Más autoridad

El portavoz del sindicato Acaip, Félix Alonso, ha sido contundente para reclamar la declaración de este personal como agentes de autoridad porque así «un interno se lo pensaría» antes de acometer un ataque. «No es lo mismo una pena privativa de libertad que una mera administrativa, que a veces ni se cumple».

Galería. Protestas ante la Subdelegación del Gobierno.

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Galería. Protestas ante la Subdelegación del Gobierno. R.F.

Y es que el problema no sólo radica en los presos peligrosos, de los que Villahierro cuenta con varios de ellos, sino en una falta de medios, también humanos, para asistir a todo tipo de reclusos. «La liebre puede saltar en cualquier momento. Hay presos con patología psiquiátrica y no sabemos por dónde van a salir».

Por todo ello demandan más atención médica para internos, con un déficit «alarmante» en la cárcel leonesa, y también psicológico o de educadores sociales.

700 prisioneros en Villahierro

Los sindicatos cuantifican la falta de personal en un 34%, con cinco educadores y cinco psicólogos para 700 prisioneros. También requieren un cambio en su categoría para que se les elimine la presunción de culpabilidad si un preso les denuncia, mientras que si son ellos los que denuncian al recluso éstos serán presuntamente inocentes.

«No vamos a trabajar para que nos peguen. Vamos a hacer un servicio de vigilancia, observación y custodia. Vamos a hacer un servicio para la sociedad, no para que nos peguen». Por estas cuestiones han dirigido sus proclamas al Ministerio del Interior para pedir más personal y autoridad que pongan fin a esta alarmante situación.

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