Ecologistas anuncia que la Junta renuncia a la planta de biogás en Puente Castro

Ecologistas en Acción ha anunciado que la Junta de Castilla y León «ha desistido» del proyecto de planta de biogás previsto en Puente Castro (León). Según el colectivo, esta decisión supondría «una modificación sustancial del Proyecto Regional» que regula la actuación. La organización afirma que este instrumento de ordenación «se ha puesto a disposición de Somacyl para facilitar sus negocios en León pasando por encima del PGOU».

Aunque la planta de biogás estaría descartada, Ecologistas advierte de que la central de biomasa proyectada en la misma zona sigue en marcha. Se trata de una instalación de 88 MW de potencia, autorizada para funcionar con 128.000 toneladas anuales de astillas de chopo, pino, roble y encina de procedencia no especificada, según figura en la Autorización Ambiental publicada en el BOCYL el 11 de julio de 2025.

El colectivo sostiene que «la central térmica, una vez construida, podría funcionar como una incineradora usando combustibles derivados de residuos (CDR), pellets obtenidos a partir de la fracción de rechazo de los residuos sólidos urbanos». Afirman que «se trata de un combustible más barato y abundante que puede reemplazar a la biomasa forestal» y vinculan esta posibilidad con «la apuesta de Somacyl por la incineración de residuos», en referencia a un convenio en negociación con gestores de plantas de tratamiento de la Comunidad.

Ecologistas en Acción considera que «la central de Puente Castro supondrá la fuente más importante de contaminación atmosférica del municipio», dada su cercanía a los barrios de La Lastra, Puente Castro y Trobajo del Cerecedo, así como a Santa Olaja de la Ribera y Vilecha. Según la organización, «las altas concentraciones de contaminantes peligrosos, como el cancerígeno benzopireno, se dispersarán con el viento por todo el municipio».

En su comunicado, la organización ambiental realiza «un llamamiento a los vecinos y vecinas de León» y apela a «la solidaridad de los residentes en barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos y Navatejera, que ya lograron librarse de proyectos similares en el pasado».

La central de biomasa y la red de calor son calificadas por Ecologistas como «un proyecto obsoleto, insostenible y únicamente beneficioso para las empresas vinculadas a Somacyl». También aseguran que «la ciudad perderá el Soto de Santa Olaja, un suelo rústico de protección natural que el Ayuntamiento debería habilitar como zona de esparcimiento público» y denuncian que «el Ayuntamiento ha cedido de manera irregular estos terrenos de dominio público, lo que incrementará la deuda municipal y provocará obras prolongadas en las calles para alojar canalizaciones cuya demanda es desconocida».

Los vecinos del sur de la ciudad de León, movilizados contra la planta de biogás sobre la que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha comunicado el desestimiento de la solicitud de autorización ambiental presentada por la Sociedad Pública Infraestructura y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, mantendrán sus protestas porque, subrayan, el proyecto «sigue en pie».

La portavoz, Ruth Sanz, explica que en la reunión mantenida con el delegado territorial de la Junta se les informó de que la Junta iba a paralizarlo y que no se podía poner en marcha puesto que el Ayuntamiento no había iniciado la gestión de los contenedores marrones. «Está situación nos parece ridícula; llevan tres años trabajando en este proyecto y, de hecho, publicaron la construcción de estas plantas en el Bocyl y luego se retractan… será casualidad que en estas fechas de la publicación fue cuando este movimiento vecinal arrancó de forma firme y contundente», plantea.

Añade que cuando preguntaron si la paralización iba a ser temporal o si por el contrario simplemente iban a cesar en su empeño de llevarla a cabo «se les dijo claramente que en cuanto el Ayuntamiento tuviera en marcha la recogida de residuos del contenedor marrón, podrían llevar a cabo la construcción de la planta de biogás en terrenos cedidos por el Consistorio».

«No, el movimiento vecinal no va a parar, no nos dejamos engañar por una clase política especialista en mirar para su beneficio pero no para el de sus vecinos y por ello seguimos adelante», remarca antes de recordar que hasta la fecha han recaudado más de 3.500 euros destinados al pertinente proceso judicial para intentar lograr la paralización de esa macroplanta.

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