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UGT defiende el Programa de Turismo Social del Imserso

Imagen de archivo./
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Este programa social permite que el 65% de los pensionistas con una pensión inferior a los 1.050 euros al mes puedan participar de unas vacaciones sociales

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Este viernes se produjo la suspensión cautelar del procedimiento de contratación por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tal y como había solicitado en su recurso la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Desde UGT y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-UGT) quieren manifestar que esta resolución únicamente retrasa la contratación de los hoteles hasta la resolución definitiva del recurso. Piden tranquilidad a todo el colectivo, ya que independientemente de la resolución jurídica al recurso planteado por la patronal hotelera, existen mecanismos para dotar de continuidad al programa durante el próximo año.

Desde UGT y UJP-UGT, quieren poner en valor el programa de vacaciones del Imserso, tanto desde el punto de vista económico, como laboral y social, por lo que defendemos la necesidad de mantener el programa de turismo social como derecho irrenunciable de las personas mayores.

UJP-UGT y UGT seguirán defendiendo la necesidad de un programa social que lleva más de 30 años de uso por parte de los jubilados de nuestro país y que da servicio a cerca de un millón de personas todos los años. Este programa social permite que el 65% de los pensionistas con una pensión inferior a los 1.050 euros/mes puedan participar de unas vacaciones sociales, y es imposible exigir que realicen más esfuerzo económico en la financiación de los viajes sociales.

Defendiendo estos programas sociales, hoy el programa de turismo social, defienden los puestos de trabajo de la hostelería que participa en los mismos y por ello reivindican mejoras laborales, sociales y remunerativas para los trabajadores y las trabajadoras del sector.

Apelan al buen hacer de la justicia y esperamos una rápida resolución que en ningún caso suponga ni un incremento en los costes que acabarían asumiendo los pensionistas, ni a un detrimento salarial que repercutiría en los y las trabajadoras.