¿Qué debo hacer tras anular el TSJ la tasa de la basuras de León?

De primeras hay que tener clara una cosa: te va a tocar pagar.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara «radicalmente nula» las nuevas tasas y la ordenanza de la recogida de basuras en la ciudad de León ha abierto la puerta a que el Ayuntamiento reciba un aluvión de recursos contra el abono de unos recibos que tienen un coste medio de 100 euros por vivienda.

Fuentes jurídicas consultadas por Leonoticias explican las opciones que los ciudadanos tienen para recurrir las liquidaciones -que se empezaron a emitir este mes de septiembre- aunque, advierten, el primer paso será pagar la tasa.

Los recibos girados este mes por el Ayuntamiento de León tienen dos fechas tope de pago: si lo has recibido entre el 1 y el 15 de septiembre, tienes hasta el 20 de octubre para abonarlo; si lo has recibido entre el 16 y el 30 de septiembre, lo podrás hacer hasta el 10 de noviembre. Estas son las tasas que preveía la norma ahora anulada.

La sentencia no es firme, ya que el Ayuntamiento de León tiene la opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría alargar la nulidad total de la ordenanza varios años. De momento, fuentes municipales avanzan que «el servicio competente está en coordinación con servicios jurídicos estudiando el auto judicial».

«Lo que debería hacer el Ayuntamiento, y que no harán -advierten-, es revocar la ordenanza o derogarla con una nueva porque el fallo es algo que no van a poder subsanar y será nula de pleno derecho», estiman los letrados consultados. Sin embargo, se espera que el camino sea el de presentar el recurso «y alargar así los plazos».

Los abogados recomiendan el abono de las tasas y presentar un recurso de reposición -bien por sede electrónica o de forma presencial- con el que, tarde o temprano, cuando el fallo sea firme, tendrán que devolverle lo pagado. Cabe otra opción y es que el Ayuntamiento no acepte el recurso y acuda a un Contencioso-Administrativo, lo que incrementaría los tiempos y acabaría suponiendo «un coste aún mayor» para la propia institución. «Hay que pagar y luego recurrir, pero sabes que lo vas a ganar. Hay que convencer al cliente». Los recursos pueden presentarse de forma individual ante el Ayuntamiento en un plazo de un mes.

Otra vía que se plantea es rechazar el pago y presentar una garantía o aval, aunque está opción supondría un mayor coste para el ciudadano que el pago del propio recibo.

Objetivamente, insisten los letrados consultados, el Ayuntamiento de León debería «suspender la aplicación de la ordenanza», así se evitaría que «todos acabásemos perdiendo: los ciudadanos, los abogados y el ayuntamiento, que cobrará de los que hayan pagado pero en una actuación claramente ilegal».

En este caso no cabría opción a un demanda colectiva, para que se condene al Ayuntamiento a devolverlo todo, ya que cada uno es libre de pagar o no.

Otra abogada sostiene una teoría similar a la anterior. «Si la ordenanza es radicalmente nula en su integridad, los recibos emitidos son nulos de pleno derecho. No existe nomra que los ampare». Y al tratarse de un acto nulo no se puede subsanar ni convalidad y, en efecto, es como si nunca hubiera existido. «El Ayuntamiento no puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de esa ordenanza. Creo que el Ayuntamiento debería entrar de oficio y declarar la nulidad de las liquidaciones; y en el caso de que se haya hecho el pago, devolver el dinero», sentencia.

En caso de que no se entre de oficio, llegará el turno de los administrados para recurrir. Aquí jugarán un papel fundamental los asesores fiscales, quienes ya trabajan en «un aluvión de recursos» que presentarán por parte de sus clientes.

Guillermo Díez, de Ártico Asesores, apuesta por «esperar» a la decisión del Ayuntamiento de León por si decide declarar nulas todas las liquidaciones. «Daré unos días y, sino, presentaré un recurso de reposición contra todos ellas». Lo que se teme es que la opción del consistorio sea desestimar los recursos y la siguiente vía sería el Contencioso-Administrativo, como anteriormente opinaban los abogados.

El asesor recomienda pagar aunque se recurra para evitar que el Ayuntamiento inicie un procedimiento de apremio con los consiguientes recargos «y si no se paga, pasaría a embargar al contribuyente», sentencia Díez.

Las asesorías se preparan para presentar «cientos de recursos que van a colapsar a quien los tenga que tramitar en el Ayuntamiento». Todos ellos se deberían concentrar en el próximo mes, desde que se reciba la notificación. «Probablemente, el Ayuntamiento vaya al Supremo y puede tardar años en resolver, y no es la primera vez que anulan solamente las liquidaciones que no sean firmes».

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