El Ayuntamiento se ve obligado a extender el contrato del bus urbano a 2024 para compensar las pérdidas de la covid
La concesionaria alegaba pérdidas por encima del millón de euros debidas al proceso de pandemia que los técnicos municipales reducen a 639.815,97 euros | La ley ampara a Alesa a la hora de solicitar la extensión del contrato
El Ayuntamiento de León tendrá que asumir en 2024 la comprometida reforma del bus urbano. Ese proceso estaba previsto, sobre el papel, para el final del presente año pero la pandemia ha alterado por completo el calendario.
Más de un año de medidas anticovid, que de un modo especial han afectado al bus urbano, han llevado a Autobuses Urbanos de León SA a solicitar una prórroga avalada por la actual legislación.
El análisis
De este modo Alesa ha alegado pérdidas derivadas de la caída de ingresos por la venta de billetes además de las ocasionadas por los gastos derivados de las medidas anticovid (gastos en epi, desinfectante, limpieza general, entre otros).
En concreto la empresa ha alegado pérdidas por todos estos conceptos que superaban el millón de euros. La cifra, sin embargo, está lejos del análisis realizado por los técnicos municipales.
«No podemos estar de acuerdo con las cantidades»
«No podemos estar de acuerdo con las cantidades detalladas por la empresa concesionaria que llega a un perjuicio total de 1.098.105,00 euros ya que adolece el expediente de importantes documentos en los que se apoya para justificar este valor», se puede leer en el informe municipal al que ha tenido acceso leonoticias.
Tras examinar los datos aportadas por Alesa el informe municipal «llega a un valor (de pérdidas) de 639.815,97 euros» teniendo en cuenta aspectos como el ERTE al que acudió la empresa concesionaria, competitividad «y asunción del riesgo y ventura o condicionantes que prevén que los resultados de explotación podrían presentar mejores perspectivas en años sucesivos».
Conformidad
De ahí que, atendiendo a esos criterios, se da la conformidad a la extensión del contrato por 2 años y 3 meses, el máximo de prórroga que permite la aplicación del Decreto, el 15 % de los 15 años del contrato.
Fue el pasado 17 de abril de 2020 cuando la concesionaria solicitó el reconocimiento de la imposibilidad material de la ejecución del contrato en los términos previstos en el mismo, habida cuenta de la situación de hecho creada por la pandemia del Covid-19 y por las medidas adoptadas por las administraciones públicas para frenar su expansión.
Respaldo legal
Alesa invocó entonces al artículo 34.4 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (RDL 8/2020) reconociéndose meses más tarde «las circunstancias para que se haya producido silencio positivo».
La valoración municipal recuerda además que el párrafo primero del artículo 34.4 del RDL 8/2020, el concesionario «tiene derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Lo que excede
En este caso, la duración inicial de la Concesión es de 15 años, por lo que periodo máximo de ampliación del plazo sería de 2,25 años, es decir, 2 años y 3 meses.
Alesa solicitó además «el reequilibrio económico del ontrato y se proceda a su compensación mediante la aprobación de la ampliación de la duración del contrato por un periodo de tiempo de dos 2 y 3 meses, que equivale a 615.805 euros del importe total a compensar» exigiendo un importe añadido de compensación por valor de 482.300 euros, finalmente no reconocidos.
