El Ayuntamiento de León aprueba un 'cheque bebé' con un importe de 500 euros por hijo o adopción
El pleno del mes de marzo aprueba la cesión de la parcela del Sector La Torre para la construcción del centro de supercomputación de Castilla y León | La Concejalía de Deportes inicia el expediente sancionador del Centro Supera por el cierre de la piscina sin previo aviso ni justificación posterior
El pleno del Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad las ayudas a la natalidad que serán de 500 euros por cada hijo nacido o adoptado en la capital de León. La concejala responsable de familia, mayores e igualdad, Vera López quiso agradecer los apoyos de los grupos políticos y de todo el personal de la concejalía que han hecho posible «estas ayudas para paliar los problemas económicos de las familias en León».
Una propuesta que fue apoyada por todos los grupos y en la que Aurora Baza, concejala del Partido Popular, recordó que es «necesario poner en marcha nuevas iniciativas para fomentar la natalidad y potenciar aún más la política de empleo y conciliación» para seguir trabajando en este aspecto.
También quisieron pedir desde el PP que se haga una modificación si la consignación fuera agotada «para que ninguna familia que lo solicite quede fuera». Unas palabras que quiso hacer suyas el portavoz de Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino para «revertir la situación» de despoblación de la capital y a su vez apoyó las peticiones de Aurora Baza ya que «todo lo que sea aumentar estas ayudas será bienvenido».
Emigrantes y retornados
Por su parte, Nicanor Pastrana, votó a favor de la propuesta ya que «aunque no resuelva el problema de la pérdida de población, aliviará algunos problemas económicos de las familias». Pastrana criticó que en una de las partes de la ordenanza se habla de 'Personas emigrantes de Castilla y León retornadas' asegurando que los «emigrantes son aquellos que abandonan su país». Unas palabras que fueron corregidas por Eduardo López Sendino quien aseguró que «emigrante es todo aquel que abandona su país o región y la base de esta ordenanza es que se beneficien todos los leoneses que vivan donde vivan regresen a la capital».
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La ordenanza marca que hay tres grupos que quedan exentos del requisito de un año de antigüedad en el empadronamiento. Este apartado hace referencia a las personas emigrantes retornadas, las personas víctimas de violencia de género y las personas solicitantes de protección internacional contempladas dentro de la legislación del derecho de asilo y protección subsidiaria.
Centro de supercomputación
Un paso más para Scayle en León. El plenario ha cedido por unanimidad la parcela para el centro de supercomputación de Castilla y León tras ampliar su uso, de tal forma que la misma pueda destinarse no solo a equipamiento educativo, sino que también sirva para equipamiento tecnológico y científico, a fin de construir la sede de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León.
Tal y como anunció el consejero de Fomento en funciones, Juan Carlos Suárez Quiñones, el centro contará con una inversión de 20 millones de euros para un nuevo edificio, que tendrá un total de 2.000 metros cuadrados. La obra ya está adjudicada por tres millones de euros para que en el año 2024 esté en funcionamiento.
Sanción al Centro Supera
El pleno del Ayuntamiento también ha iniciado un expediente sancionador al centro de Deporte y Ocio de Eras de Renueva, conocido como Supera. El centro comunicó por escrito la decisión de cierre de la zona de agua de dicha instalación deportiva a partir del día siguiente a la comunicación. Este hecho fue adoptado de forma unilateral y definitiva por parte de la empresa, sin ninguna reunión previa, ni preaviso alguno a nadie de la Concejalía que quedó sin margen de tiempo para poder analizar y sopesar las circunstancias existentes.
Vicente Canuria, concejal de Deporte, remarcó en el pleno del mes de marzo que «a la vista de su falta de respuesta nos vemos obligados a iniciar este procedimiento sancionador», porque para la Concejalía «la obligación es reabrir las puertas de ese centro».
Una decisión que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos y agradecida desde UPL por la «celeridad» de la misma. Las multas por el incumplimiento de contrato pueden ir de 6.000 euros al día o la rescisión del contrato de explotación del centro.