Las acusaciones de corrupción urbanística que acabaron con el alcalde de Granada
José Torres Hurtado llegó al poder en 2003 y renovó en tres ocasiones con mayoría absoluta hasta que el pasado abril abandonó en furgón policial el Consistorio
MARIA VICTORIA COBO
Jueves, 9 de junio 2016, 10:07
Granada saltó a todos los informativos nacionales el pasado 13 de abril. La imagen de los furgones policiales rodeando el Ayuntamiento de la capital, la sede de la concejalía de Urbanismo y el bloque de pisos en el que viven el ya exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejala Isabel Nieto será una imagen difícil de olvidar en la ciudad granadina. Ese 13 de abril se desencadenaba la llamada 'Operación Nazarí', en la que fueron detenidas 16 personas, y se investiga a un total de 17, entre ellas el que fuera alcalde, su edil de Urbanismo, seis altos cargos de esta concejalía, constructores y hasta un registrador de la propiedad. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UCO) cumplía el mandato del Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada, que llevaba meses investigando distintas operaciones urbanísticas. La lista de delitos que se le imputan al que fuera alcalde de Granada casi 13 años, José Torres Hurtado (PP) y al resto de investigados es larga e incluye cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación o estafa.
Los asuntos que se investigan son operaciones urbanísticas que se remontan incluso una década atrás. Entre ellas está el Caso Serrallo, que supuso la imputación en noviembre de 2015 de la concejala de Urbanismo y que desató una crisis política en el Ayuntamiento, ya que el grupo municipal de Ciudadanos retiró el apoyo al gobierno del PP, dejándolo en minoría. La justicia investiga la construcción de una discoteca y una pista de patinaje privadas en una zona destinada a espacios verdes. Pero además de esta, se incluyen en esa investigación concesiones administrativas de aparcamientos que se gestionaron antes incluso de que Torres Hurtado llegara al poder, la construcción de un pabellón deportivo o de un bloque de pisos, con presuntos tratos de favor a los promotores, a los que se les habría permitido incumplir la normativa o se les aplicaba una laxa interpretación de la ley, según los detalles que han trascendido de la denuncia que originó un caso que está bajo secreto de sumario.
Las consecuencias políticas para la ciudad de Granada llegaron seis días después de las detenciones. José Torres Hurtado dimitía como alcalde para intentar frenar una moción de censura que ya tenía pactada la oposición, y se llevaba con él a los concejales de Urbanismo, Isabel Nieto (su mano derecha) y de Presidencia, Sebastián Pérez (su enemigo íntimo dentro del PP, algo que quedaba claro esos días). El 5 de mayo, Granada asistía a la toma de posesión de un nuevo alcalde, el socialista Paco Cuenca. También tuvieron que hacer sacrificios en las filas del PSOE, porque Ciudadanos exigió la dimisión del diputado provincial Mariano Lorente, acusado de prevaricación por su actuación como alcalde de Iznalloz en el anterior mandato.
Otros casos
Además de la 'Operación Nazarí', son destacables los casos investigados en otros dos municipios de la provincia granadina. Uno de ellos es la llamada 'Operación Marchelo', que arrancó en al año 2007 y costó la dimisión del alcalde de Alhendín José Guerrero (PP) en aquel año. Esa presunta trama de corrupción urbanística, en la que se investiga al que fuera primer edil, a algunos de sus concejales y a funcionarios, sigue activo judicialmente. La justicia investiga obras que se ejecutaron en cauces de ríos o bloques de pisos que sobrepasaron la altura máxima permitida.
En este mapa de la investigación de la corrupción política se podría incluir también el municipio de Atarfe, que encadena al menos una veintena de casos judiciales en la última década, de los que varios siguen activos. El socialista Víctor Sánchez tuvo que dejar la alcaldía en el año 2009 y se ha enfrentado ya a varias condenas, aunque posteriormente ha sido absuelto por la Audiencia Provincial. Su sucesor, el también socalista y exalcalde Tomás Ruiz, también se enfrenta a un juicio por las licencias de una gran urbanización que acumulaba irregularidades en el municipio de Atarfe.