Los parados de larga duración tendrán derecho a ser asesorados por un orientador de referencia

Parados haciendo cola en una oficina de empleo. /Archivo
Parados haciendo cola en una oficina de empleo. / Archivo

El Gobierno aprueba un plan que atenderá de forma «inmediata» a los despedidos en un ERE pero que no cuenta con presupuesto nuevo

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

Igual que cada ciudadano tiene asignado un médico de familia concreto al que puede acudir cuando tiene un problema de salud, los casi 1,3 millones de parados de larga duración que hay en la actualidad registrados en los servicios públicos de empleo (este colectivo supera el millón y medio según los datos de la última Encuesta de Población Activa) tendrán derecho a elegir a un orientador de referencia. Así lo anunció hoy la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó el plan denominado Reincorpora-T, que recoge un total de 63 medidas dirigidas a ayudar a aquellas personas que llevan más de un año buscando activamente un trabajo. «Pensamos que es fundamental crear esa confianza que les haga además ganar en autoestima», explicó Valerio.

Para ello, y en coordinación con las comunidades autónomas, se contarán con una red de 3.000 orientadores –creada ya en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven– para que, además de atender de forma más personalizada a cada uno de ellos, se encarguen de hacer prospección para conocer las necesidades del mercado de trabajo y les reorienten así de forma más específica.

Con una duración de tres años, se trata de un plan «integral y transversal» que implica a todas las Administraciones Públicas (Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos), pero también a la empresa y a los propios afectados, según recalcó la ministra, que hizo mucho hincapié en la «responsabilidad» que tienen los empresarios en ayudar a recolocar a estas personas «que sufren una mayor falta de motivación e inseguridad». Por ello, otra de las medidas que recoge es incluir cláusulas de carácter social en los contratos del sector público que garanticen la contratación entre un 5% y un 10% de desempleados de larga duración de 45 años o más por parte de las subcontratas. En concreto, para aquellos contratos públicos que supongan la creación de más de 10 puestos de trabajo« al menos uno de ellos (el 10% como mínimo) deberá ocuparlo una persona de este colectivo. En esta misma línea, las empresas que reciban ayudas o subvenciones estatales por valor de 150.000 euros o más tendrán en cuenta, cuando necesiten incrementar su plantilla, a candidatos que lleven más de 12 meses inscritos en el INEM.

Todas las Administraciones Públicas establecerán estas «cláusulas sociales» que premien a quienes incluyan un porcentaje de empleo para estos desempleados, y de forma más especial para colectivos más vulnerables como son las mujeres, víctimas de violencia de género, discapacitados o procedentes del mundo rural. Además, existirá un registro de las empresas socialmente responsables.

A su vez, se establece una serie de bonificaciones para aquellas compañías que contraten a parados de larga duración: 1.500 euros anuales en el caso de ser mujer y 1.300 euros si son hombres, puesto que ellas suponen casi un 64% del total del paro cronificado. Ésta es una medida que el Gobierno ya aprobó recientemente mediante un Real Decreto Ley. A su vez, se les dará un 5% adicional para la formación (respecto a la cantidad que les corresponda) si contratan a parados de larga duración, pero para ello deberán suponer más de un 10% de su plantilla y mantener al menos esos empleos durante un año.

Pero además de medidas específicas para conseguir la integración y disminuir el número de desempleados de larga duración en 422.100 en los próximos tres años, el plan desarrolla a su vez acciones preventivas para evitar caer en situaciones de paro cronificado, tal y como destacó Valerio. Por ello, se compromete a atender «inmediatamente» a los afectados por despidos colectivos (ERE) –puesto que más de la mitad suelen ser mayores de 45 años–, haciéndoles participar en un programa de recolocación que llevará a cabo una empresa autorizada.

El plan, que los sindicatos califican como «insuficiente» y «precipitados», cuenta con una financiación de 1.313 millones en los próximos tres años, que parten del presupuesto ya comprometido para políticas activas de empleo de las CCAA. A esta cantidad hay que sumar otros 2.687 millones de medidas ya aprobadas como el subsidio para mayores de 52 años o la recuperación de la cotización de las cuidadoras no profesionales. Supondrá, por tanto, un coste de unos 4.000 millones pero sin una nueva inyección de dinero.