Los túneles leoneses de la AP-66 de Barrios, Cosera y Oblanca no cumplen la directiva de seguridad europea

El resultado es una directiva comunitaria que desde 2004 prescribe los «requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras». La norma fue adoptada a la legislación nacional con un Real Decreto de 2006, y poco más se avanzó desde entonces. Los primeros estudios realizados por el Ministerio de Fomento constataban que adaptar las galerías a esas nuevas exigencias suponía una inversión notable. Con una crisis que jibarizó su presupuesto, los deberes se fueron dejando para el futuro.

Esa actitud obliga ahora a Fomento a embarcarse en una ronda de obras de urgencia o verse en la obligación de explicarle a Bruselas que, más de una década después, no ha tenido tiempo de cumplir su obligación.

Asturias y León son un buen ejemplo de la magnitud del problema que enfrenta al departamento regido por Íñigo de la Serna. Por su orografía, ambas provincias concentran un gran número de túneles.

Destaca por encima de todo la modernización que precisa la autopista del Huerna (AP-66). El 13 de mayo de 2016 el Ministerio requirió a la concesionaria, Aucalsa, para que presentara un proyecto actualizado de las mejoras que necesita su red de pasos subterráneos. Los técnicos de Fomento todavía están supervisando la documentación, pero la factura se intuye de consideración. Estos primeros cálculos cifran en 46,95 millones el coste de adaptación de los siete túneles que explotan.

En este recuento se encuentran tres pasos en la vertiente leonesa. Se trata de los túneles de Barrios, Cosera y Oblanca, pertenecientes a la Autopista del Huerna y que incumplen la normativa de seguridad establecida por la Unión Europea.

El mayor esfuerzo para adaptarse a la normativa habrá que hacerlo en los túneles del Negrón, dos tubos de 4,1 kilómetros. Aucalsa sitúa en 22,52 millones la reforma que lo acomode a la legislación. La inversión se explica por la necesidad de abrir galerías de escape, entre otras mejoras.

La concesionaria, junto a otras autopistas de peaje afectadas por la misma norma, ya está empezando a moverse para defender sus intereses en la cuestión. En su última memoria de gestión, manifiesta que «la realización de estas inversiones no está contemplada en el actual contrato concesional, por lo que deberán establecerse los mecanismos compensatorios correspondientes para que la sociedad pueda llevarlos a cabo, pues la base de cualquier modificación de estas características ha de ser el respeto al equilibrio económico-financiero de la concesión». Es decir, Aucalsa quiere presionar para que Fomento aporte parte del dinero, le compense bien alargando el periodo de concesión, o bien incremente las tarifas.

Los plazos apremian. El Real Decreto marca como obligación tener listos los túneles de autovías y autopistas el 31 de diciembre de 2019.