El Gobierno planta cara a la UE y mantiene el peaje de la León-Asturias hasta 2050
El Ejecutivo rechaza la propuesta para rescatar la concesión aprovechando que Bruselas considera que es ilegal
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha remitido este miércoles una «amplia respuesta» a la Comisión Europea sobre la concesión de la autopista AP-66, el peaje de la León-Asturias, tras cumplirse el plazo de dos meses del dictamen que insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas.
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En esta comunicación, Transportes ha defendido su postura de que es «legal» mantener el peaje de la prórroga de esta concesión hasta 2050 pese a la petición de Asturias de revisarla y retirarla aprovechando que Bruselas considera que el Gobierno infringió las directrices de aplicación cuando prolongó esta concesión y privatizó su negocio.
En la mencionada respuesta que se ha enviado, se aportan «las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España». Desde Transportes recuerdan que esta fase aún no supone el final de procedimiento y avanzan que analizarán los siguiente pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta.
Transportes culpa al Gobierno de Aznar
El Ministerio señala que la prórroga de la concesión de la autopista de peaje AP-66 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, hasta el año 2050. Añaden que para «paliar la gestión del PP» que llevó a alargar los peajes de la autopista, el actual gobierno ha apostado por una «ambiciosa política» de bonificación de peajes de esa autopista.
La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión. España amplió la duración de la concesión de la AP-66 a 29 años.
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La decisión del ministerio desoye así la posición unánime defendida por Asturias, la oposición y los agentes sociales para aprovechar el expediente y rescatar la concesión. El siguiente paso de Bruselas para defender la legalidad comunitaria sería denunciar a España ante el TJUE.
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