Los funcionarios irán a la huelga el 6 de noviembre para defender las 35 horas

Reunión entre la Junta y los sindicatos. /Gabriel Villamil
Reunión entre la Junta y los sindicatos. / Gabriel Villamil

La Junta dice que no puede aplicar ahora la medida y los sindicatos denuncian el incumplimiento

Arturo Posada
ARTURO POSADA

El diálogo entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF para aplicar las 35 horas semanales a los funcionarios saltó hoy por los aires y los empleados públicos iniciarán un calendario de movilizaciones que culminará con una huelga general en la Administración regional el miércoles 6 de noviembre, a solo cuatro días de las elecciones generales. La tensa reunión entre las dos partes duró apenas media hora, el tiempo que tardaron los representantes del gobierno regional, encabezados por el titular de Presidencia, Ángel Ibáñez –único consejero presente en la mesa– en levantarse y dar por concluida la cita. Este encuentro se había programado el pasado martes como epílogo de la primera reunión. El gobierno regional debía comunicar si aceptaba extender la jornada estival de 35 horas, como demandaban los sindicatos en virtud del acuerdo firmado el pasado 21 de mayo, o aplicaba la vuelta a las 37,5 horas a partir del próximo 1 de octubre. Finalmente, se decantó por esta segunda opción, lo que soliviantó a los representantes sindicales.

«Nos han dicho que no había nada más que hablar. Su actitud ha sido la de decir 'ahí tenéis la puerta'. La Junta dice que quiere negociar hasta que se sienta en la mesa, pero en realidad solo quiere hacerlo delante de los medios de comunicación», apuntó Tomás Pérez, secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT de Castilla y León. «¿Nos están echando un pulso a ver quién tiene los cojones más largos? ¿Esto es lo que hacen el PP y Ciudadanos en la Junta? Incumplen el acuerdo porque dicen que ahora es otro gobierno, pero el consejero de Hacienda ya estaba en el ejecutivo anterior. Firmaron antes de las elecciones autonómicas y una vez que pasan no les importa porque ya tienen el voto de los funcionarios. La actitud de PP y Ciudadanos ha sido deplorable», añadió Tomás Pérez.

La abrupta ruptura entre sindicatos y Junta de Castilla y León concentró a decenas de afiliados sindicales, que corearon el lema 'huelga, huelga, huelga' en las puertas de Presidencia.

«Han jugado con nosotros», denunció Raquel Fernández, secretaria de acción sindical de CSIF Castilla y León. «Ha sido una de las peores reuniones que hemos tenido porque han incumplido un acuerdo firmado que afecta a más de 80.000 empleados públicos».

Durante la cita de hoy, los representantes del gobierno regional volvieron a argumentar que los condicionantes económicos impiden la recuperación inmediata de la jornada semanal de 35 horas. «Han tratado de poner encima de la mesa una carta del consejero de Hacienda a la ministra de Hacienda en la que le preguntaba '¿si rebajo la jornada a los empleados públicos de Castilla y León me das las entregas a cuenta?'. Eso es reírse de los ciudadanos. Lo peor de la reunión ha sido también la sonrisa del consejero de Presidencia porque parece que se reía de los 85.000 empleados públicos», declaró Ana Rosa Arribas, coordinadora del área pública de Comisiones Obreras Castilla y León.

«Nos han echado un pulso»

«Han incumplido un acuerdo de manera histórica. Ningún otro gobierno se había atrevido a hacerlo. Los empleados de Castilla y León deberían acudir masivamente a las movilizaciones y a la huelga convocada. Nos han echado un pulso. No han querido cumplir el acuerdo y ahora van a tener que negociar, pero con el comité de huelga», añadió Arribas. Los representantes de la Junta explicaron que estaban dispuestos a negociar otros asuntos, como el concurso abierto y permanente de funcionario, impulsado por el gobierno de Juan Vicente Herrera la pasada legislatura, pero lo tocante a la aplicación inmediata de las 35 horas para los empleados públicos quedó hoy desestimada.

«Es de un cinismo impresionante porque justo acaban de nombrar como asesores a dos exsenadores y a una exdiputada del PP. Se han subido el sueldo un 20% en cuatro años y a nosotros nos niegan algo que ya teníamos hace unos años. El otro día cada director general y cada consejero vinieron en sus coches oficiales. Hay dinero para todos, menos para los que trabajan como empleados públicos en Castilla y León», apuntó Juan Carlos Gutiérrez, de CSIF.

Para Tomás Pérez, de UGT, la Junta se ha enfrascado en una campaña para decir a la sociedad que los funcionarios son «muy caros y muy vagos». «Hacen campaña contra el empleado público y se aprovechan de lo público para nombrar asesores y disponer de coches oficiales. Que no engañen a la sociedad. Si pueden rebajar el impuesto de sucesiones que afecta a los más ricos, tienen facultad para devolvernos lo que nos habían quitado».

Trámites normativos

Por la mañana, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, insistió en la postura de la Junta. «No podemos implantar esta medida sin los trámites normativos oportunos», defendió.

Preguntado por la posibilidad de que el enfrentamiento de los funcionarios con el ejecutivo autonómico acabe afectando electoralmente a PP y Ciudadanos en los comicios generales del 10 de noviembre, una posibilidad que ya subrayaron los sindicatos, Ángel Ibáñez apuntó que «son otros los que desarrollan componentes personales o tacticistas». «El gobierno de Castilla y León está para servir a los ciudadanos y tomar decisiones responsables en cualquiera que sea la medida. La Junta no se presenta a las elecciones generales».

Ibáñez descartó que el acuerdo firmado en mayo por el anterior ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera constituya ahora una «herencia envenenada» para el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, como sugirió una periodista. «El acuerdo del 21 de mayo de 2019 dice en su primer párrafo que se aplicará la implantación de las 35 horas semanales entendiendo que las modificaciones normativas pueden llevar un tiempo de aplicación. Nosotros entendemos que el acuerdo se ha cumplido porque esas 35 horas se han desarrollado hasta el 30 de septiembre. Estoy convencido de que las partes que firmaron el acuerdo lo hicieron de buena fe y huiría de calificativos como el que usted me ha puesto de manifiesto».