El PP respeta la sentencia del TC y no tiene inconveniente en convocar la comisión de las eólicas

Después de que este lunes el Tribunal Constitucional haya fallado a favor del recurso de amparo del Grupo Socialista para desbloquear la comisión, Sanz Vitirio rechazó que estuviera bloqueada y se mantuvo en el argumento de esperar a la existencia de una resolución judicial dado que estaba abierta una instrucción y algunos de los citados en la comisión estaban investigados.

En tal sentido, recordó que la Fiscalía no les facilitó información al ser objeto de una investigación judicial y culpó a la oposición socialista de no respetar la argumentación del Ministerio Fiscal. Del fallo del Constitucional, valoró que recoge que no hay una «intencionalidad lesiva» para los miembros de la comisión en las decisiones adoptadas.

Por otro lado, subrayó que se determinó un listado de comparecientes a través de una votación y que la oposición después planteó una ampliación, en la que incluyó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sin que hubiera acuerdo, ya que el empate entre el PP y los grupos de la oposición hace que decaiga la propuesta.

«No se ha entorpecido, no se puso fecha», indicó en relación a que no se haya citado a los comparecientes, si bien opinó que, aunque tengan que convocar la comisión, a lo que no se oponen ni se han opuesto «nunca», en la práctica «no va a suponer grandes cambios», en relación a la votación de comparecientes, cuya ampliación rechaza el PP.

Sanz Vitorio insistió en el respeto al fallo del Alto Tribunal, en la exigencia de ello a la oposición cuando la Fiscalía recordó que el proceso estaba en instrucción -polígono de Portillo, edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo y el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos- y acusó, por último, al PSOE de Castilla y León de «montar un circo».

Al respecto, afirmó que el Juzgado a desimputado a altos cargos de la Junta para «desgracia de algunos» y que no hay causa sobre las oficinas del sector público de Castilla y León, con inclusión de ADE Internacional Excal, en ciudades del exterior de España, gestionadas directamente o a través de terceros, como se amplió en la comisión de investigación.

Por último, indicó que el acuerdo se adoptó por la Mesa de las Cortes, con el informe de los Servicios Jurídicos, y serán ellos los que digan qué «significa» el fallo del Constitucional. «Si se tiene que convocar la comisión, se hará.