«Los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de incendios hasta la fecha»
El máximo representante del Ministerio Público en Castilla y León apunta a que relacionar la causalidad de los incendios con la ausencia de planes de prevención es «presumir más de la cuenta»
El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, destacó hoy que «la existencia o inexistencia de planes de prevención contra los incendios no da lugar a una responsabilidad penal», y en una entrevista que publica en su edición de hoy El Norte de Castilla subraya que «la mayoría de los incendios más extensos que se han producido este verano han sido provocados por causas naturales, según los técnicos del Seprona».
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En sus declaraciones, Mena apunta que «en los últimos años» se reúnen «a nivel administrativo «con la Junta, el Seprona, las diputaciones y representantes de los ayuntamientos, «haciéndoles ver que es obligatorio y que deben cumplirse los planes de prevención». «A nivel penal, lo que dice el oficio es que prestemos especial atención a si todos estos incendios se deben a la ausencia o a la aplicación improcedente de estos planes. Me permito ponerlo un poco en solfa porque es presumir más de la cuenta, ya que viene a decir que es porque no se han tramitado o se han ejecutado mal. Que no sea de alarma para los alcaldes de estos municipios, porque se irá viendo caso por caso», completa.
Sobre la denuncia presentada ayer martes por Vox en los juzgados de León, para que se investigue la posible comisión por parte de la Junta de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores por la muerte de tres personas en los incendios, señala que «habrá que ver la denuncia y lo analizaremos, pero la responsabilidad penal siempre es a título personal. Tengo que tener un hecho penal y a quién atribuirlo».
«Todo se tiene que enmarcar en el ámbito penal y es muy restrictivo, porque no deja de ser sota, caballo o rey. Tiene que haber un hecho delictivo, unas personas investigadas y una relación de causalidad entre el hecho y la persona. Y que se pueda probar que su actuación condujo a la comisión de un delito. Investigar este tipo de ilícitos es mucho más difícil que otros, partiendo de buscar la causa. Que la Fiscalía no pida la prisión del consejero o el presidente para mucha gente es inconcebible, pero eso hoy por hoy no es posible», aclara.
Por otra parte, respecto a las críticas vertidas en las últimas semanas desde los bomberos forestales sobre las carencias del operativo, el fiscal superior considera en la entrevista «contundente» que haya «un grupo de personas que digan que no han ido a trabajar siendo profesionales de esto porque alguien lo ha impedido», si bien reconoce que «ahí, al menos de momento, como fiscal no tengo nada que decir». «Parece ser más una cuestión laboral, de contratación, que tendrá que dirimirse en otras instancias. Aunque seguramente son temas que aparecerán de forma colateral en cuanto las investigaciones que se puedan llevar a cabo, cuando se presente alguna denuncia», añade.
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En ese sentido, afirma que «las cuestiones políticas van por un lado y nosotros por otro. Podemos decir que ha habido 15 incendios y tres detenidos, cuando tengamos los datos. Que la superficie calcinada es tanta y los medios de extinción fueron cuántos. Pero serán otros los que tengan que decir si eran insuficientes o muchos. Nosotros no buscamos responsabilidades políticas».
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Asimismo, explica que «la responsabilidad tiene que ser diferente» entre «el señor que estaba haciendo una barbacoa y no quería quemar el monte (aunque es una imprudencia y seguramente tenga responsabilidad penal) y quien sale y enciende en cuatro puntos, que lo hace con una intención», y aclara que «una imprudencia dolosa con resultados de daños catastróficos o personales puede acarrear hasta 20 años de prisión».
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