El mínimo castigo por incendios, los 100 años de Picos y el récord de la caza del lobo, las noticias naturales del 2018

Además, el año que concluye, con cambio de Gobierno, sirvió para ver nacer el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera; la celebración del centenario del Parque Nacional de Picos de Europa, el primero de España, y la declaración en varias ocasiones del Ayuntamiento de Valladolid de situaciones que conllevaron incluso el cierre del tráfico en el centro urbano por contaminación.

Así, en materia de incendios se registraron cerca de un millar en Castilla y León desde principios de año, un descenso del 52% respecto a la media del último decenio. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calificó la campaña de «excelente» y como «el mejor año de la serie estadística de Castilla y León desde 1984».

Argumentos tenía para hacerlo, pues en cuanto a la superficie forestal quemada, este año fueron 2.730 hectáreas, un 86 por ciento menos que la media (19.000 hectáreas). Desde 1984 sólo había registros inferiores a 10.000 hectáreas calcinadas en cuatro ocasiones: 2007, 2010, 2016 y ahora 2018. En lo que se refiere a las hectáreas arboladas, se vieron afectadas 454, un 91 por ciento menos que la media del decenio.

Desde principios de año solo se produjeron ocho activaciones de niveles del Infocal frente a la media de 40 de años anteriores. En concreto, se materializaron dos de nivel 2, en Santa Colomba de Curueño en mayo, el único gran incendio forestal, con más de 500 hectáreas, y otro en Navaluenga y Casavieja (Ávila). El oeste de Castilla y León y precisamente la provincia abulense albergan la mayor parte de la siniestralidad forestal de la Comunidad, con tres de cada cuatro fuegos y el 95 por ciento de la superficie arbolada afectada.

El lobo, especie simbólica de Castilla y León, enemigo de unos y compañero de otros, volvió a estar en boga en 2018. El número de ataques superó los dos millares en la Comunidad, con unas 3.000 muertes de animales.

En el marco de buscar soluciones, el consejero de Fomento y Medio Ambiente apostó en este ejercicio por la inclusión de prácticas importadas de Francia para mejorar la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva y dio pie a la posibilidad de que el ganadero pueda matar al cánido, declaraciones que conllevaron la posterior polémica, como siempre que se analiza la situación de este animal.

Para más inri, su caza ha estado presente en 2018 en los juzgados de la Comunidad. El 6 de julio el TSJ dictó un auto que adoptaba la suspensión del Plan de Aprovechamiento Cinegéticos del lobo al norte del Duero para tres campañas, desde 2016 a 2019, argumentada en que el expediente administrativo de la tramitación del decreto no contenía un estudio científico que avalara que la caza no ponía en peligro el estado de conservación de la especie.

La Junta, una vez subsanadas las cuestiones en las cuales se basaba el auto, solicitó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión, sin que en este mes de diciembre exista aún pronunciamiento judicial al respecto. Por tanto, en estos momentos no se puede cazar el lobo en Castilla y León.

No obstante, la Consejería mantiene su «firme» propósito de que, solventadas las cuestiones judiciales anteriormente comentadas, se pueda volver a cazar el animal al norte del Duero, por entender que es una herramienta de gestión que «permite un adecuado control poblacional sin poner en peligro el estado de conservación de la especie».

La buena situación de los embalses a lo largo de 2018 permitió una correcta campaña de regadío y nulas restricciones en el consumo de agua. Actualmente, los pantanos de la cuenca del Duero se encuentran al 60,1 por ciento, con 1.728 hectómetros cúbicos almacenados, 40 puntos por encima de la registrada el pasado año y 15 más que la media del decenio. «Buenos datos» según la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés, que llegó al cargo en septiembre.

Entre los temas sobre la mesa, el Plan Hidrológico, pero también documentos sobre zonas inundables, que cobraron cierta relevancia tras el trágico suceso ocurrido en Baleares y en el que fallecieron 13 personas. Al respecto, señalo que la cuenca contabiliza 26 áreas de riesgo significativo de inundación, que afectan a 470 kilómetros de cauces, y anunció que trabajará para que el Registro de la Propiedad informe sobre si la vivienda está en una zona de riesgo.

Además, la Junta y las diputaciones trazaron un plan para dotar de depuradoras a pequeñas poblaciones en la próxima década y se conoció que Castilla y León será en 2020 un territorio libre de escombreras, con el sellado de 2.263 pequeños vertederos.

Aparte de la presencia del lobo, los daños generados y la polémica judicial, la fauna silvestre motivó otro tipo de informaciones en la Comunidad. Por ejemplo, la población osera se incrementó en la Comunidad, hasta 13 hembras y 21 crías, en un año en que la mortandad creció, en base a varios hallazgos de restos óseos.

Además, se declaró la situación crítica del urogallo y el visón europeo, una figura que también abre una puerta a la esperanza para su conservación y recuperación por la agilidad de las medidas. Todo ello en un año en el que los cazadores salieron en más de una ocasión a reivindicar la importancia de la actividad cinegética y criticaron el acoso de organizaciones ecologistas. Además, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció no compartir la caza.

En 2018 se conoció que el Parque Nacional de Guadarrama contará con 95 millones de euros en los próximos diez años, extensión temporal del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que previsiblemente verá la luz en 2019. Además, se celebró el Centenario del Parque Nacional de Picos de Europa, que también ha iniciado las negociaciones para su propio PRUG, que lleva décadas estancado.

Aunque Valladolid no es Madrid, la contaminación del aire por ozono, PM2,5 y PM 10 obligó a activar los diferentes protocolos de actuación. El Consistorio, el único de la Comunidad con esta medida aprobada en Pleno, declaró la situación 2 en una ocasión, en julio, con el cierre al tráfico en determinadas zonas del centro de la ciudad durante tres días y limitación de velocidad. También se dio luz verde a la situación 1 en 22 episodios por la alta acumulación de este tipo de partículas.

Al respecto, Suárez-Quiñones insistió en que la presencia de ozono en Castilla y León es un problema «suprarregional» que hace que las estrategias locales estén «abocadas al fracaso.