La Junta inyecta 8 millones a las entidades locales en 2021 y 2022 para paliar la pobreza energética a través de las ayudas de emergencia

La Junta de Castilla y León inyectará ocho millones de euros a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales de la comunidad en los años 2021 y 2022 para paliar la pobreza energética de las personas con problemas económicos a través de las ayudas de emergencia.

En concreto, el desembolso extra se realizará a través de una adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales y permitirá que los ciudadanos más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos y, muy en particular, a la subida «desbocada» del precio de la electricidad.

El incremento de las partidas a las ayudas de emergencia se completará con los seis millones que ha reservado el Ejecutivo autonómico para abonar los 130 euros a los consumidores vulnerables severos a unas 45.000 familias, que, según anunció este viernes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se comenzará a ingresar en las cuentas corrientes en las próximas semanas. En todo caso, el objetivo de la Junta es que esa ayuda directa y extraordinaria esté abonada antes de que finalice el año.

Una ayuda que no requerirá su solicitud por que beneficiará a los que el año pasado disfrutaron del bono térmico y eléctrico.

Son personas que figuran en los registros de la Junta como 'consumidor vulnerable severo', una definición vinculada a su nivel de renta anual, con los límites de 15.817 euros para familias numerosas; 9.880 para hogares con dos menores, 7.908 si solo tienen un menor y 5.931 euros si no vive ninguno, y finalmente con un máximo de 7.908 euros en el caso de personas que perciben la pensión mínima. Entre ellos, están los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y los mayores con pensiones no contributivas.

Blanco dejó claro que los 130 euros serán compatibles con otro tipo de ayudas y que sus beneficiarios podrán beneficiarse de las de emergencia para pagar los suministros. Eso sí, recordó a los representantes de los ayuntamientos y las diputaciones la necesidad de «estrechar» la colaboración y coordinación, de manera que no se solapen las distintas líneas y apoyos que están poniendo en marcha las diversas administraciones para llegar así a un mayor número de familias.

En la actualidad, una familia en situación de vulnerabilidad puede percibir un máximo de 3.000 euros en ayudas de emergencia, en función de su renta económica y el número de miembros de la unidad. Una ayuda que se debe tramitar a través de los CEAS (centros de Acción Social).

Los ocho millones se distribuirán en dos anualidades. La primera, este mismo año, con cuatro millones, lo que supone aumentar hasta los 6,62 millones el presupuesto inicialmente previsto este año para las prestaciones de urgencia social dirigidas a este fin. En 2022, se aportarán los cuatro millones restantes.

La corporación local que más recursos va a recibir es el Ayuntamiento de Valladolid, con más de 1,3 millones de euros. Con la nueva partida inyectada al Acuerdo Marco, la dotación del principal instrumento de colaboración entre la Junta y las corporaciones locales alcanza un presupuesto total de 542,2 millones de euros al servicio de las políticas sociales en el territorio en el periodo 2020-2023.

La consejera destacó, según recogió la Agencia Ical, que la prioridad de la Junta es proteger a las personas y ayudar a quienes más lo necesitan. «En esta comunidad ninguna familia se va a quedar sin luz o calefacción por no poder pagar los recibos», aseguró, recordando las palabras pronunciadas hace unos días por el presidente Alfonso Fernández Mañueco.

Incidió que el Ejecutivo autonómico, lejos de permanecer «impasible» ante una emergencia social para muchas familias, responde con eficacia y reacciona con «agilidad» a los nuevos desafíos para ofrecer soluciones a los problemas que preocupan a la gente a través del plan energético con tres líneas de actuación: las ayudas de emergencia tradicionales, una ayuda extraordinaria para pagar la luz y la renovación de convenios con compañías eléctricas para evitar cortes de suministro.

No en vano, precisó que el Gobierno de España aún no ha puesto en marcha este año el bono térmico, que supone entre 67 y 123 euros por familia, en función de su renta, y que el año pasado benefició a 2.900 familias en Castilla y León.

Tras el encuentro con los representantes de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales que tuvo lugar en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, la consejera de Familia también se refirió a otra de las iniciativas que lleva a cabo la Junta para combatir la probreza energética. Se trata del «refuerzo» de los convenios con las empresas suministradoras de gas y electricidad (Iberdrola, Naturgy y Repsol, a la que se sumará Endesa), que tiene como finalidad evitar el corte de los suministros o, en su defecto, conseguir su inmediato restablecimiento en caso de impagos de las familias con dificultades.

En el marco de los acuerdos ya suscritos, en casos de impago, las eléctricas se comprometen a paralizar temporalmente el corte de los suministros o, en su caso, a reanudarlos durante el tiempo necesario para que los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales puedan realizar una valoración de la situación de las familias con dificultades para abonar los recibos más básicos de la vivienda y determinen la idoneidad de otorgarlas una prestación económica de urgencia social para saldar la deuda o bien medien con las empresas para acordar un plan de pagos o la solicitud del bono social.

En este sentido, el diálogo y la vía de colaboración que mantiene abierta la Junta con las grandes compañías energéticas evitó que más de 400 hogares de Castilla y León sufrieran un corte de suministro por impago el pasado año.

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