El juez Crespo renuncia a la Dirección General de Atención al Ciudadano para no arriesgarse a perder su plaza en Valladolid

El magistrado José María Crespo, a la puerta del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid. /Miguel Ángel Santos
El magistrado José María Crespo, a la puerta del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid. / Miguel Ángel Santos

La Ley Orgánica del Poder Judicial exige, para conceder de forma automática los servicios especiales y no perder el puesto, que el nombramiento sea por «decreto» y no por «acuerdo», que es como lo contempla la Junta

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

Una «falta de armonización normativa» ha pillado en medio al magistrado José María Crespo, que ha decidido no arriesgarse a perder su plaza en Valladolid y por eso ha dado marcha atrás a las pocas horas de acordarse su nombramiento el pasado 1 de agosto en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León como flamante director general de Atención al Ciudadano de la Consejería de Transparencia, según ha adelantado este lunes eldiario.es.

Crespo se ha retirado porque un reciente cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto, el artículo 351.e, contempla que la concesión de servicios especiales a un juez que da el salto a un cargode director general o a escalafones inferiores no es automático, sino que tiene que someterse a la autorización del Consejo General del Poder Judicial y ese nombramiento tiene que realizarse por decreto y no, como en este caso, por acuerdo. Antes sí que el articulado contemplaba que tenía que ser «por decreto o por resoluciones equivalentes», pero ahora esa equivalencia se ha suprimido del texto legal.

Fuentes de la Junta indicaron ayer que los servicios jurídicos entendieron respecto del nombramiento de Crespo y los servicios especiales que «no tendría que haber ningún problema», pues los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Administración autonómica «son asimilables a lo que en otras administraciones son decretos». Pero, al tratarse de la primera vez que se plantea esta situación, el magistrado, que es el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, no se arriesga a que la comisión permanente del CGPJ interprete «de forma literal» que su nombramiento tiene que ser por decreto para que se le puedan autorizar los servicios especiales (y mantener su plaza y sus derechos en el escalafón) y se ha retirado.

Desde Presidencia de la Junta ya se han puesto manos a la obra para buscar otros candidatos para el puesto, pero aseguran que tardarán «al menos unos días» . La búsqueda de la persona idónea se ampliará más allá de los «perfiles judiciales».

Crespo ha reconocido esta mañana que «la precipitación de los plazos para que el nombramiento se acordara antes de las vacaciones estivales» ha jugado en contra y asegura que «estaba muy ilusionado con esta tarea de atender al ciudadano y velar por la calidad de los servicios, pero cuando consulté con el Consejo y ante la duda, decidí dar marcha atrás, porque podría quedarme en excedencia voluntaria y perder mi puesto en Valladolid».

El magistrado tomó posesión del cargo el 2 de agosto pero renunció el primer día hábil con efectos desde el mismo día del nombramiento, pero esa renuncia tiene todavía que formalizarse con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y antes, ser puesta en conocimiento del Consejo de Gobierno, el próximo 22 de agosto. Para esa fecha, desde la Junta se espera tener ya sustituto para el puesto y poderlo anunciar ese mismo día.