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Unidad de Reanimación del Hospital de Segovia. ANTONIO DE LA TORRE
Los inspectores de servicios sanitarios denuncian discriminación en la carrera profesional

Los inspectores de servicios sanitarios denuncian discriminación en la carrera profesional

El colectivo ha sido excluido de la nueva legislación que acarrea para los beneficiarios más retribución

Ana Santiago

Valladolid

Miércoles, 27 de marzo 2019, 10:39

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La Asociación de Inspectores de Servicios Sanitarios de Castilla y León sigue en pie de guerra. La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de la LEY 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Junta deja fuera a ste colectivo. Algo que los interesados califican de «discriminación» para un centenar de empleados públicos.

Destaca la organización que «tras la buena nueva de ver cómo la Administración articula la carrera profesional para sus empleados públicos, sanitarios y no sanitarios, Sacyl dedica un párrafo con el único fin de excluir expresamente a los inspectores sanitarios del 'cajón sanitario', es decir, caben 17.000 médicos, farmacéuticos y enfermeros...; pero. los inspectores sanitarios, con idéntica titulación y funciones sanitarias, son excluidos», critica.

Ña asociaicón de denuncia así «la grave e intencionada discriminación; ya que es fruto de un acto de exclusión deliberado» y el «ocultamiento porque bajo la fórmula de 'personal sanitario de la división de asistencia sanitaria e inspección' esconden el colectivo al que se discrimina, los inspectores sanitarios (único cuerpo sanitario y vinculado a Sacyl desde sus orígenes) que encaja en dicha fórmula».

Además, añade, la nueva normativa «expresa que cuando se esté en otros destinos no se sufrirá esa discriminación». Es decir, «si los inspectores sanitarios renunciamos a nuestro papel, nacido no por capricho de la administración sino como respuesta a una necesidad de la población, consistente en velar por la calidad del sistema sanitario, por el cumplimiento de la legalidad vigente y por los derechos de los usuarios, desempeñando esta función de forma profesionalizada, sin renunciar a nuestra independencia de criterio respecto a las autoridades... si renunciamos a eso..., entonces cesará la discriminación». Por último plantea la pregunta retórica y crítica: «¿De verdad 100 personas, el 0,6% de los sanitarios de un sistema de 17.000, somos tan peligrosos para el poder político?

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