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Valladolid
Domingo, 4 de diciembre 2022, 12:24
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) propone a los 1.300 guardias civiles de la Agrupación de Tráfico en Castilla y León que sensibilicen a los conductores de su importante labor en el control de las carreteras en la Comunidad y sobre las «difíciles condiciones» en las que trabajan, en lugar de sancionarlos durante este puente de la Constitución.
La iniciativa se produce días después de saber que la Guardia Civil de Tráfico será expulsada de Navarra tras el acuerdo del Gobierno con los grupos independentistas vascos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
«Por eso proponemos a los compañeros que participen en esta campaña, para que los conductores viajen con la tranquilidad de que los guardias civiles estamos para aconsejarles antes que para sancionarles. Nuestro trabajo, que al Gobierno parece no importarle, es el de servir y proteger. Multar debe de ser la última opción», explicó el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal.
La Agrupación de Tráfico ha visto en la última década cómo disminuía el número de efectivos. Hoy sólo sería posible encontrar un guardia civil por cada 140 kilómetros de carreteras, autopistas y autovías nacionales, mientras que el parque de vehículos y los kilómetros de carreteras construidos aumenta paulatinamente.
«Hay un déficit de más de 2.000 agentes y nos podemos dar cuenta cuando realizamos un viaje por las carreteras españolas. Encontrarse con una patrulla de tráfico de la Guardia Civil es casi tan difícil como que te toque la lotería», aseguró Leal.
A su juicio, «se ha perdido el espíritu con el que se creó precisamente la Agrupación de Tráfico, que era sobre todo el de ayuda y socorro de los conductores y de los acompañantes de los vehículos». La pérdida de «ese espíritu», continuó, «tiene consecuencias para los guardias civiles y para los ciudadanos», porque «ahora tiene más valor poner una denuncia que llevar a cabo un trabajo de auxilio en carretera», según consta en el Registro de Actividades Individuales (RAI), una «perversa manera de obligar a los agentes a defender su sueldo» sentenció Agustín Leal.
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